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Milani fue procesado por torturas y secuestros durante la dictadura

El ex jefe del Ejército fue procesado con prisión preventtiva y se le impuso un embargo de un millón de pesos. Por el secuestro de un padre y su hijo en La Rioja.

Milani ya fue  procesado por Rafecas por enriquecimiento.

Milani ya fue procesado por Rafecas por enriquecimiento.

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, procesó al ex jefe del Ejército del teniente general César Milani en la causa por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977, por la cual está detenido en el penal de Ezeiza, de Buenos Aires.

Herrera Piedrabuena había ordenado el arresto de Milani en febrero en una cárcel de La Rioja al ser indagado en la causa y luego se dispuso su traslado a Ezeiza, tras una presentación de su defensa.

Fue justamente su abogado, Gustavo Feldman, quien esta mañana informó sobre el procesamiento del ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, César Milani, detenido en La Rioja el 17 de febrero último.

El abogado dijo que Milani fue procesado anoche por la justicia de esa provincia por una causa en la que se lo acusa de asociación ilícita con el represor Luciano Benjamín Menéndez y un juez, y por otra en la que se lo considera partícipe necesario de la detención ilegal de Pedro Olivera y su hijo.

Feldman precisó que, en el primer hecho, que tiene que ver con el secuestro de Pedro Olivera, se lo consideró «autor directo de la privación ilegítima de la libertad y allanamiento ilegal», pero dijo que se le sumó su «participación necesaria» en los «tormentos». En el segundo de los hechos, se le atribuyó a Milani la «participación necesaria en los tormentos» que recibió Alfredo Olivera, el hijo de Pedro Olivera.

El tercer hecho tiene que ver con ser miembro de una supuesta «asociación ilícita» junto al represor Luciano Benjamín Menéndez, que era en ese entonces general de división y comandante del Tercer Cuerpo del Ejército; el juez federal Roberto Catalán; el ex médico y jefe de Sanidad del Batallón 141 Leónidas Carlos Moliné, y otros dos oficiales del Ejército.

Existe otro hecho en el que fue declarada la «falta de mérito» y que tiene que ver con la privación ilegítima de la libertad de la entonces joven Verónica Matta, por considerarse «vaguedad» del testimonio.
Por otra parte, al resolver estos procesamientos con prisión preventiva, el juez Herrera Piedrabuena dispuso un embargo contra Milani de un millón de pesos.

Mañana declararán en Comodoro Py los ex camaristas que juzgaron a las Juntas Militares, Carlos Arslanián y Ricardo Gil Lavedra, y la ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) Graciela Fernández Meijide.

Arslanián, Gil Lavedra y Fernández Meijide fueron convocados por la defensa para declarar como testigos en la causa por delitos de lesa humanidad que enfrenta el general César Milani, por la cual quedó detenido el 17 de febrero pasado en La Rioja. Los tres testigos brindarán su testimonio en Comodoro Py, a pedido de la fiscalía de La Rioja, a través de exhortos.

Milani fue detenido en La Rioja el 17 de febrero, pero el 16 de este mes fue trasladado al penal de Ezeiza, para una rutina de estudios médicos evaluativos de su estado general de salud, que se realizan en el Hospital Penitenciario Central (HPC), donde desde ese día permanece detenido, sin que exista definición respecto a si Milani regresará a la cárcel de La Rioja, o si quedará en la Unidad 31 de Ezeiza, donde si bien funciona la cárcel de mujeres, se suele destinar a presos de causas por delitos de lesa humanidad.

En distintos tramos de la entrevista que brindó Feldman a radios, le atribuyó al juez Daniel Herrera Piedrabuena la intención de querer «agravar la pena» al introducir la figura de «asociación ilícita» para favorecer la desaparición de personas, y recordó que «todas las personas con las que se lo asocia a Milani ya fueron condenadas por el fallo del año pasado del tribunal oral de La Rioja».

Incluso, mencionó que en La Rioja «no hay nadie condenado por privación ilegítima de la libertad», y explicó que esto se debió a que «las personas privadas de la libertad tenían en esa provincias causas por subversión nacional» y no se había declarado el «prevaricato» .

«El juez federal de primera instancia de La Rioja se quiere quedar con el pan y con la torta», dijo Feldman, y apuntó a que «no tiene asidero ni tiene antecedentes judiciales» que se hable de «asociación ilícita de un subteniente con sus superiores».