Por Javier Sinay.

Mientras la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura investiga con el expediente N° 74/2012 al juez federal Daniel Rafecas por su presunto mal desempeño en la causa Ciccone –desempeño derivado de su relación con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, cercano al vicepresidente Amado Boudou- un grupo de organismos de derechos humanos presentó una nota el Consejo, dirigida a su presidente, Mario Fera, en apoyo a Rafecas.

“Desde que asumió su cargo en el juzgado federal, el juez Rafecas ha demostrado un férreo compromiso con el impulso del proceso de Verdad y Justicia por los crímenes del terrorismo de Estado”, dice la nota, firmada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Regional-Capital Federal, Comisión de Homenaje a las víctimas de Vesubio, Puente 12 y Comisaría de Monte Grande, Comisión Juicio Campo de Mayo, Buena Memoria Asociación Civil, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Memoria Abierta y otros.

El juez asegura que actuó de buena fe.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Capital Federal está a cargo ahora de la investigación de la “Megacausa Primer Cuerpo del Ejército”, en la cual se investigan crímenes cometidos contra más de 1.200 víctimas en la Mansión Seré, el Vesubio, Atlético, Banco y Olimpo, Automotores Orletti, Hospital Posadas y otros centros clandestinos de detención de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia.

Pero su posición tiembla por su trabajo como primer juez en el caso Ciccone, por el que es cuestionado por un intercambio de mensajes de texto con el abogado Danuzzo Iurraspe –allegado a la defensa del vicepresidente Amado Boudou, investigado en esa causa-, en los que el juez Rafecas le daba recomendaciones en el manejo del caso ante la prensa. El propio Boudou reveló la existencia de esos mensajes después de que Rafecas ordenó allanar su departamento en Puerto Madero.

La semana pasada, Rafecas rechazó las imputaciones afirmando que actuó “de buena fe” y justificando el diálogo informal que mantuvo con el abogado Danuzzo Iturraspe, con quien dijo que tenía relación desde hacía veinte años porque aquel era el mejor amigo de su hermano menor. Rafecas agregó que el intercambio de mensajes fue «en términos estrictamente personales», que no pensó que ese pequeño diálogo pudiera tener influencia pública y que en ningún momento su imparcialidad en el caso se vio afectada. Y explicó que la publicación de sus mensajes de texto provocaron “a la postre la cancelación del diálogo de mi parte” con el abogado y ahora ex amigo.

Los organismos de derechos humanos que apoyan hoy a “uno de los mejores jueces de la Democracia” argumentan que desde su juzgado cumplió un papel clave para impulsar y desarrollar estrategias de investigación y ordenamiento de los procesos judiciales que avanzaban en forma despareja en la Justicia Federal. “Su actuación mostró un empeño atípico por dar racionalidad a este proceso de juzgamiento de violaciones masivas de derechos humanos, y a desarrollar teorías y categorías jurídicas para que el proceso judicial refleje con propiedad el fenómeno criminal, político y económico que se está juzgando”, se lee en la nota de aval.

Además, se afirma que Rafecas consideró como delito de tortura a todas las vivencias del cautiverio, incluso a aquellas que exceden a la aplicación de golpes o castigos, aportando así al conocimiento histórico de lo sucedido durante la última dictadura. Su aporte es, de esta manera, “la incorporación de un concepto amplio de tortura que comprende todos los padecimientos sufridos por los secuestrados en los centros clandestinos de detención, en consonancia con lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.