Luciano estaba desaparecido desde 2009.

El vicegobernador Gabriel Mariotto se comprometió ante los familiares de Luciano Arruga, el joven que se encontraba desaparecido desde 2009 y cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de octubre, a gestionar ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, el comienzo del Jury en el mes de noviembre, a los funcionarios judiciales acusados de mal desempeño durante el proceso de investigación.

El presidente de la Cámara de Senadores provincial recibió en La Plata a un grupo de familiares del joven, encabezados por su hermana Vanesa Orieta, de la que también participó la prosecretaria Legislativa, Viviana Staiani.

Allí prometió que pedirá al titular del Máximo Tribunal se agilicen los procedimientos administrativos para que el jurado evalúe el mes próximo las denuncias realizadas contra las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín, y el juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco.

El pedido de juicio político contra los funcionarios Cejas y Banco se realizó en diciembre 2013 por parte de la familia a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes denunciaron graves irregularidades en la causa.

A partir del relato de la familia se reveló que durante un año y cuatro meses la fiscal Cejas pidió 15 veces intervenciones telefónicas a los teléfonos de la familia Arruga que el juez Banco autorizó.

Además, desde abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010 la familia de Arruga fue vigilada a través de escuchas telefónicas.

La fiscal Castelli está acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento. Su responsabilidad en la detención de la causa se debe a que no tomó en cuenta las denuncias de la familia y por tal motivo fue apartada en 2009.

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, una localidad del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense.

El joven por entonces tenía 16 años y vivía en el Barrio 12 de octubre. Según testigos, el día de su desaparición fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaria 8va.

El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.

En febrero de 2014, después de que se cumplieran cuatro años, la causa, que estuvo caratulada como averiguación de paradero durante toda la etapa, pasó a la justicia Federal y comenzó a investigarse como “desaparición forzada de persona”.

Desde ese momento pasó a manos de Juan Pablo Salas, juez federal 1ro del Departamento Judicial de Morón.

En julio de 2014, los jueces de la Sala IV de Casación Penal le pidieron a Salas que hiciera todos los esfuerzos para resolver el caso. En su fallo citaron al «caso Bulacio» y el «derecho de la víctima y sus familiares a saber la verdad».

En octubre lo encontraron a través del cotejo de las huellas de Luciano registradas en 2008 en otra causa penal y los registros de la Policías Científica.

La ficha de la autopsia, tres fotos y la información de las huellas digitales del cadáver registrado como NN de Luciano Arruga estuvieron cuatro años perdidos en la marea de fojas y expedientes que investigaba su desaparición en La Matanza.

Los mismos datos que la semana pasada sirvieron para identificar el cuerpo del joven, la fiscal de La Matanza Celia Cejas Martín y el juez federal Juan Pablo Salas, los tuvieron en sus despachos.