Por Ignacio Ramírez.

La asociación ilícita investigada por la justicia federal en Córdoba  era una organización criminal estatal que realizaba operativos truchos y detenciones irregulares, hacía desaparecer droga que había sido secuestrada legalmente, provocaba suicidios de efectivos de la fuerza, y contaba con narcos policías que trabajaban con total impunidad.

Los cinco policías que se entregaron en la medianoche del miércoles.

La policía de la provincia de Córdoba pasa el peor momento de su historia. La critica situación provocó que en la medianoche de ayer cinco efectivos que tenían pedido de captura internacional se entregaran a la Justicia Federal en el marco de la causa que investiga vínculos entre la policía y los narcotraficantes. Se investiga una serie de operativos truchos y la puesta en circulación de droga sin clasificar que luego era redistribuida al negocio ilegal del tráfico de estupefacientes entre otros delitos. Claro esta, esa droga desaparecía de allanamientos formales requeridos por la Justicia, de la mano de efectivos corruptos.

La crisis de la fuerza de seguridad provocó que la mayoría de legisladores opositores al gobierno de José Manuel De la Sota pidieran la inmediata renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y del jefe de Policía cordobesa, Ramón Frías.

A pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, el juez federal Ricardo Bustos Fierro, ordenó una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía.

“Había estupefacientes en la Dirección de Drogas en condiciones absolutamente ilegales y eso avala la idea de que tenían estupefacientes ahí de modo irregular. Y eso permite pensar que puede ser cierto que la tenían para cargar a personas que quisieran comprometerlas. Tenían armas con numeración limada, que no estaban en una habitación de secuestro con el acta correspondiente, sino tiradas en las oficinas de Drogas», dijo el fiscal que había sido ninguneado por el Jefe de la Policía días anteriores en pleno velorio del policía suicidado que indirectamente estaba ligado a las denuncias de corrupción y asociación ilícita.

Los imputados de la mega causa son: el licenciado jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; los oficiales Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio, todos sospechosos de irregularidades en investigaciones del área de estupefacientes hasta por el secuestro de uno de los dueños del boliche Palmira del Cerro de las Rosas. El arresto de Sosa constituye un hecho inédito en la historia de la fuerza de seguridad provincial. Es la primera vez en la historia de la institución policial que un miembro de la Plana Mayor en actividad queda detenido acusado por graves delitos.

Las históricas detenciones son consecuencia de las denuncias efectuadas ante la Justicia por el informante policial irregular Juan Francisco “el Francés” Viarnes, quien había declarado en los medios que existían policías de Drogas Peligrosas que tenían relaciones delictivos con narcos, al tiempo que aseveró que se sustraían estupefacientes de los procedimientos legales y que posteriormente reingresaban al circuito de la droga cordobesa.

Fuentes de la fiscalía no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. Por lo menos 23 efectivos más están en la mira de la justicia. Lo que no hay dudas, es que las traiciones están a la hora del día. Narcos, policías, y buchones pelean por la ruta de la droga.