El juez Villena con el ex ministro Ritondo.

Una de las grandes paradojas que se desprende de las causas en las que se investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos es que sus responsables son jueces federales que ya estuvieron vinculados más o menos en forma estrecha con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los tiempos en que ocurrieron todas las maniobras que ahora están saliendo a la luz. Por eso las dudas sobre lo que pueda ocurrir no pueden disiparse.

Es el caso, por ejemplo, del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien ya citó como testigos del espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Fernández y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los dos ya pasaron por su juzgado para conocer de primera mano las evidencias de los seguimientos ilegales y para presentarse además como querellantes. Hermosa coincidencia: oficialismo y oposición unidos como querellantes víctimas del espionaje de la misma fuerza política.

«Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué, la verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían: una verdadera asociación ilícita», dijo CFK en un video difundido en sus redes sociales y vinculó a los espías ilegales con una funcionaria de la Casa Rosada cuando Macri era presidente.

Este miércoles el juez ordenó el allanamiento de la cárcel de Ezeiza, luego de que en el programa de Rolando Graña se difundiera el domingo un audio de una charla de Alan Ruiz, coordinador de espías y mano derecha de Silvia Majdalani, en la que anunciaba que habían llegado a un acuerdo con la dirección de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para “alambrar” (plantas micrófonos) en los pabellones donde estaban alojados los presos del kichernerismo.

“Lo primero que tenemos que definir con Cristian Suriano es una unidad que sería Ezeiza o Marcos paz, hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar (en alusión a poner micrófonos). Lo vamos a equipar todo, los vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro. Están operando (Julio) De Vido, Boudou, el cuervo Larroque que está yendo siempre a visitar a (Fernando) Esteche (…) La idea es armar todo, todo preparado para pasar información a algunos sectores que están complicados (…) Por ejemplo hay chabones de la política que no los tenemos en la lista y están yendo a visitar a tipos que están presos. La idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas, ese lugar le tenemos que meter un equipo técnico y después van a dejar los celulares y ahí empezamos a chorear información (en alusión a sacar información de los teléfonos). Y después vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas porque son las que van a operar políticamente en contra”, dice Ruiz. 

Suriano era el titular de la Dirección de Análisis de Información del SPF y su domicilio fue allanado también esta semana por orden del juez Villena. Suriano pasó a retiro cuando se anunció la salida del titular del Servicio, Emiliano Blanco, tras un motín en el penal de Devoto. Entonces se informó erróneamente que Blanco dejaba el cargo por una interna en el Ministerio de Justicia, aunque en rigor era consecuencia de los desmanejos que ahora están saliendo a la luz.

Declara Verdura

Villena le comenzó a dar aire a la investigación del espionaje ilegal luego de que un narcotraficante se presentó en febrero pasado para decir que había sido contactado por un abogado, Facundo Melo, que supuestamente estaba vinculado con la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas, el escribano amigo incondicional de Mauricio Macri que estuvo al frente de la agencia durante su gobierno.

Pero el juez no queda bien parado en la ya famosa conversación grabada de Alan Ruiz. “Silvia Majdalani no tiene en cuenta las partes administrativas. Nosotros tenemos a veces mucho quilombo porque las operaciones que hacemos la hacemos con la cobertura judicial de algún juzgado. Así metimos la del coche, la metimos en una causa. El juez Villena nos armó un ‘coso’ y metimos muchas tareas juntas, lo metimos en un escrito. Se mezcla todo y a la mierda”, le dice Ruiz a los agentes.

La del coche a la que hace referencia Ruiz es al espionaje ilegal que se le hizo a CFK a mediados de 2018, cuando la entonces senadora denunció que estaba siendo espiada en su domicilio de la Recoleta y en la sede del Instituto Patria por agentes de la AFI enviados por el gobierno de Macri.

La actual vicepresidenta hizo una denuncia que recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los agentes luego de que el juez Villena (sí,el mismo) le dijera a su colega de ComodoroPy que los agentes estaban haciendo tareas de inteligencia ordenadas por el juzgado federal de Lomas de Zamora a su cargo, pero que nada tenían que ver con un espionaje a la principal dirigente de la entonces oposición.

Juez recusado

El abogado Fernando Sicilia, quien defiende a dos de los acusados de la causa de espionaje ilegal a cargo de Villena, sostiene que Martínez de Giorgi conversó en forma telefónica con Villena y que certificó esa conversación para cerrar sin más trámite la denuncia que había realizado Fernández de Kirchner.

Fue el mismo juez Villena quien dijo haber ordenado la escucha telefónica de Mario Segovia, el rey de la efedrina alojado en Ezeiza, ante la sospecha de que seguía operando desde la cárcel. Lo cierto es que la escuchas que se tramitaron en esa causa fueron usadas por Elisa Carrió y sus aliadas para usar diálogos de presos K detenidos en Ezeiza y denunciar una supuesta confabulación contra el fiscal Carlos Stornelli, antes de que comenzara la causa que lo llevó a ser procesado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

A raíz de estos antecedentes, el abogado Sicilia, quien defiende al abogado Facundo Melo y al agente Leandro Araque, recusó al juez Villena, al sostener que no puede ser investigador quien también debería ser investigado.

Este viernes está previsto que se Araque se presente en el Congreso ante la Comisión Bicameral que debe fiscalizar las actividades de inteligencia. Araque va a ratificar que la charla de Ruiz que tomó estado público es real y que él fue uno de los participantes de la reunión. 

La semana próxima esperan al abogado Melo, a quien el narcotraficante Verdura señaló como el responsable de haberlo contactado para ponerle una bomba a un subsecretario del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior. Melo asegura que la única vez que vio al apodado Verdura fue por una cuestión profesional.

Rápido para el cierre

Martínez de Giorgi, el mismo juez que cerró rápido la causa por espionaje que denunció CFK, tiene ahora dos causas por el espionaje ilegal realizadas por la actual conducción de la AFI, encabezada por la ex fiscal Cristina Caamaño. La primera fue tras el hallazgo de una lista de 80 políticos, periodistas, políticos y dirigentes sociales a quienes les intervinieron los correos electrónicos sin autorización judicial. La otra causa fue tras el hallazgo en una caja fuerte de una lista de 500 espiados que se habían acreditado en la cumbre del G20, que encabezó Macri.

“La conformación de fichas de perfiles en función de la orientación política, la pertenencia a movimientos sociales y el activismo forman parte de las prohibiciones taxativas en las funciones de los servicios de inteligencia”, advirtió en un comunicado la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), de la cual la Fundación Vía Libre forma parte.

Esta semana la AFI llevó las pruebas a la causa radicada en el Juzgado Federal Nº11, vacante tras la muerte de Bonadio y a cargo de Martínez de Giorgi, que constan de la información de 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevados de fuentes públicas y privadas.

La denuncia de la AFI considera que los agentes involucrados (sobre quienes rige la reserva de identidad prevista en la Ley Nacional de Inteligencia) Arribas y Majdalani, violaron el inciso 2 del artículo 4 de la Ley N°25.520, que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Cómo lo hizo en la otra causa pidió que Macri sea citado a indagatoria, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.

En la primera denuncia, el fiscal Jorge Di Lello ya impulsó la investigación e imputó a Macri y a los jefes que él había designado al frente de la AFI: responsables del absoluto descontrol de la central de espías.