| Justicia federal

Los cruces de la causa Ciccone con la interna de River y el Banco Macri

La segunda parte de la investigación la tiene el juez Lijo, que procesó a Jorge Brito. ¿Quién le dio información al arrepentido Vandenbroele?

Boudou fue condenado. Su sentencia la revisa Casación Penal.

La semana pasada apareció en los medios deportivos de Argentina y España la noticia que consignaba que Antonio Caselli, empresario y dirigente de River Plate, acaba de adquirir el club Burgos, entidad histórica de la liga española que ahora milita en la tercera división. Reaparece así en escena, una figura de fuerte trasfondo judicial, por lo general poco registrada por el gran público.

Sucede que si bien la causa por la venta de la empresa Ciccone ya fue a juicio oral y ahora la Sala IV de la Cámara de Casación Penal definirá si confirma la sentencia que tiene por máximo protagonista a Amado Boudou, existe un segundo tramo de la investigación, conocido en los tribunales de Retiro como Ciccone 2, que involucra al costado empresario del expediente y que tiene como máximo partícipe a Jorge Brito, dueño del Banco Macro. Instruye el juez federal Ariel Lijo, quien en diciembre del 2018 procesó al banquero.

Ese expediente está estructurado en base a la declaración de Alejandro Vandenbroele, que aparece como arrepentido. CyR puedo conocer de fuentes cercanas a la investigación que, si bien no aparece en el caso, Caselli le habría facilitado variados datos a Vandenbroele relacionados con Brito y su rol en el caso Ciccone. 

Es entendible: el banquero siempre jugó a favor de Rodolfo D´Onofrio, el histórico rival de Caselli en River Plate. De hecho, cuando Caselli comenzó a manejar datos sobre el caso, que filtraba a diversos periodistas, era la fase inicial de la causa que coincidía con el triunfo de D´Onofrio en las elecciones del club en diciembre del 2013. De hecho, Jorge Brito hijo es el vicepresidente del club de Nuñez.

Para Caselli minar a Brito era una estrategia contra su rival. Fue tal el conflicto que dejó en el medio a un amigo común de ambos, el empresario Daniel Hadad, que es cercano a Brito y en paralelo tiene amistad con Caselli porque ya era amigo de su padre Esteban, embajador de Menem en el Vaticano y funcionario clave de Carlos Ruckauf en la provincia de Buenos Aires.

Dicen las fuentes consultadas que Caselli le habría acercado a Vandenbroele información de cómo se acercó Brito a la operación de rescate de la calcográfica y el rol que jugaba en la misma sociedad el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

El procesamiento

Todo sucedió como se esperaba. En un fallo de 530 páginas, Lijo consideró válida la confesión del abogado devenido “arrepentido”,  Vandebroele, quien relató cuál fue el rol decisivo que asumió Brito para el desembarco de la ignota sociedad The Old Fund en la imprenta a cargo de imprimir millones de billetes de 100 pesos en la Argentina.

Vandenbroele fue más lejos. También detalló que tanto Brito como su abogado Francisco Sguera se encargaron de pagarle por su silencio durante meses, cuando ya había estallado el escándalo, lo que pudo interpretarse como obstrucción de Justicia y derivar en la prisión preventiva del banquero, como había pedido el fiscal del caso, Jorge Di Lello.

Es por eso que no debiera sorprender que detrás de lo que sucede en este expediente estaría la jugada de Brito de acercarse nuevamente a Mauricio Macri, algo que el columnista Carlos Pagni reveló semanas atrás en el diario La Nación.

El gaucho Moneta

Durante el juicio oral, el ex vicepresidente Amado Boudou negó haberse quedado con la máquina de hacer billetes. Dijo que detrás de la compra estaba “el gaucho Moneta”, en referencia al ex banquero Raúl Moneta, fallecido semanas atrás. Monete fue el único que se presentó en la Justicia para reclamar una indemnización cuando la imprenta fue estatizada, luego del escándalo.

La sentencia del juicio oral debe ser revisada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, quienes deberán resolver los recursos de casación interpuestos por las defensas de Boudou, José María Núñez Carmona, Nicolás Tadeo Ciccone, Alejandro Paul Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri contra las condenas por los delitos de cohecho activo y pasivo y por negociaciones incompatibles con la función pública, a las penas de 5 años y 10 meses de prisión, 5 años y 6 meses de prisión, 4 años y 6 meses de prisión, 2 años de prisión en suspenso,  3 años de prisión en suspenso y 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, respectivamente. La audiencia se realizó el 20 de mayo.


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