Por Silvia Irigaray*

El plenario del Consejo de la Magistratura postergó ayer todas las definiciones que tenía pendientes respecto de los jueces acusados de mal desempeño y eso indignó a las Madres del Dolor y a jubilados que, desde el público, insultaron a los consejeros.

El plenario pospuso todos los temas de la Comisión de Disciplina y Acusación; según explicó el presidente del Consejo, el juez Alejandro Sánchez Freytes, es una decisión consensuada por los diferentes sectores. Las Madres del Dolor pretendían que se enviara a juicio político al juez de ejecución Axel López, acusado de haber liberado indebidamente a presos que cometieron graves crímenes; entre ellos, a un hombre que fue condenado por violación y que después de salir de la cárcel abusó de otra joven y la mató. Los jubilados reclamaban que se cerraran los casos contra los magistrados de la Seguridad Social denunciados por la Anses Luis Herrero y Emilio Fernández, reconocidos por sus fallos de ajuste de jubilaciones contra el Estado.

Primero unas y después los otros insultaron a gritos a los consejeros, que frenaron la sesión y escucharon las quejas sin decir una palabra. Pasaron varios minutos hasta que Sánchez Freytes anunció tímidamente: «Vamos a intentar continuar». Después de un rato, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Julián Álvarez, les dijo a los jubilados que exigían el cierre de la causa contra Herrero: «Suspendimos el tema porque suspendimos todo Acusación, ¿cuál es el problema?». El grupo de jubilados estaba cada vez más enfurecido. «Dejen en paz a este juez probo, sinvergüenzas, ¿por qué no echan a Oyarbide?» Los jubilados eran unos treinta, identificados con pecheras blancas.

El expediente contra Herrero y Fernández tiene más de tres años, el plazo máximo que, en teoría, debería demorar el Consejo para resolver una denuncia. Lo mismo que otro expediente también postergado ayer, el caso contra el juez federal Claudio Bonadio. El kirchnerismo reactivó una antigua denuncia contra él por demoras en viejas causas, pero no tiene los votos para avanzar con un juicio político.

El motivo de la postergación de todos los expedientes de Disciplina y Acusación fue la falta de acuerdo entre los consejeros. Incluso dentro de los diferentes bloques del Consejo había opiniones encontradas sobre cómo actuar con los magistrados acusados. En el caso del juez López, además, el kirchnerismo, que originalmente apoyaba su destitución, ya no parece tan convencido. Así fue como el tratamiento de todos los temas pasó para el 6 de noviembre próximo, fecha prevista para el último plenario que hará este Consejo con su actual conformación. Si ni siquiera entonces consiguen destrabar los expedientes, es posible que los hereden los próximos consejeros, que difícilmente logren ponerles fin en lo que queda del año.

Lo que sí se aprobó ayer fue una serie de ternas de candidatos a jueces que el Consejo le enviará a la Presidenta para cubrir vacantes. Una de ellas, destinada a cubrir una vacante en la Cámara Federal de La Plata. El kirchnerismo no consiguió los votos suficientes para enviar la terna que había propuesto en su dictamen y acompañó el que impulsó el juez Ricardo Recondo.

Cuando el plenario terminaba, el clima estaba ya mucho más distendido. «Por fin alguien se va contento», dijo Álvarez. Los contentos eran un grupo de camaristas, todos designados para integrar la nueva Cámara de Casación Penal, que ayer consiguieron finalmente que el Consejo aprobara un contrato de comodato de un edificio de la calle Talcahuano donde el nuevo tribunal podrá empezar a funcionar.

Esta Cámara, que alivianará la tarea de la Casación federal, fue creada a instancias de Cristina Kirchner por una ley de 2008. Después de años de demoras en el Consejo y en el Poder Ejecutivo, en noviembre pasado fueron designados formalmente los diez camaristas que integrarán el tribunal. La nueva cámara depende ahora de que la Corte la ponga en funcionamiento.

*Madres del Dolor.