Ricardo Lorenzetti recupera protagonismo trs el fallo del 2X1 que dejó entrampados a Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Según el presidente del tribunal, es preciso recuperar la imagen de la Corte Suprema ante la sociedad y por eso dos temas que urgen: acelerar para el mes de junio el pago de ganancias en la justicia y liberar a Milagros Sala.

Giros: quien hasta hace un mes estaba bajo fuego por denuncias de corrupción y censura ahora debe repensar como la Corte deja atrás el traspié del fallo que favorecía a represores.

La cuestión de ganancias, tema tortuoso en la Justicia, comenzó de manera simbólica cuando Cambiemos nombró a Agustín Cinto como nuevo administrador general de Poder Judicial. Cinto, un dirigente del PRO  allegado a Horacio Rodríguez Larreta  pasó a la historia como el primer funcionario dependiente del Poder Judicial al que se le liquidó el Impuesto a las Ganancias de su sueldo en relación de dependencia.

El plan que Lorenzetti impulsa con apoyo del Gobierno es que los nuevos jueces  paguen ganancias algo que  fue ya negociado casi de manera personal entre Mauricio Macri y el presidente de la Corte. Lorenzetti siempre estuvo a favor de que los jueces tributen pero nunca encontró el respaldo interno del tribunal para impulsar el cambio

 Sin embargo hay dos cuestiones clave para reglamentar, las que deberán ser aplicadas con cuidado si el Gobierno quiere evitar una batería de amparos contra el nuevo reglamento.

La idea del oficialismo es que para que no haya problemas en la implementación de la norma, el Gobierno haga dos concesiones consideradas clave para que la «familia judicial» acepte sin más este cambio revolucionario.

La primera cuestión es que sólo tributen los nuevos representantes que ingresen al Poder Judicial, como el caso de Cinto, pero queden liberados los funcionarios que vayan ascendiendo por nuevos nombramientos pero que provengan de las mismas filas judiciales. Para estos se considerará que hay un derecho adquirido que no puede vulnerarse. Similar al que se les otorga a los jueces que ya eran nombrados antes de la reforma constitucional del 94 y que obliga a los magistrados de más de 75 años a jubilarse.

La segunda cuestión que tiene en mente el Gobierno es que el salario nominal de la Justicia aumente lo suficiente como para que los nuevos integrantes de la Justicia tengan una retribución igual a la de sus antecesores para que no se pierda poder adquisitivo.

Esto obligaría a aumentos salariales en bruto lo suficientemente amplios como para que no haya pérdida de la capacidad de compra en los sueldos de todos los integrantes de la Justicia, hayan sido o no nombrados luego de los cambios de Ganancias que operan desde este año. De esta manera, curiosamente, las modificaciones de Ganancias, al menos en la Justicia, generarán para el Ministerio de Hacienda un aumento extra en los costos fiscales.

Si bien ingresará más dinero porque los jueces pagarán un impuesto del que estaban exentos, el mismo dinero se gastará con las alzas salariales.