La condena de Menem está pendiente de revisión.

La situación del religioso Julio César Grassi y la condena al ex presidente Carlos Menem por la causa de la venta ilegal de armas a a Croacia y Ecuador son dos casos del Derecho Penal que la Corte Suprema de Justicia todavía no reúne los votos para resolver.

Ricardo Lorenzetti no encuentra las tres voluntades necesarias y padece las consecuencias del modelo de Corte que el mismo defiende, o sea, una estructura mínima, a lo sumo de cinco, en la cual ya con tres decisiones en la misma dirección alcance para zanjar los contenciosos.

El escenario se termina de complicar con el hecho de que la Corte ya no tiene penalistas. El secretario de Derecho Penal del tribunal Esteban Canevari quedo tocado después de la apertura del año judicial del febrero pasado cuando Lorenzetti incurrió en el gaffe de decir que la causa por la investigación del atentado a la Embajada de Israel ya era “cosa juzgada”.

Ante la incapacidad cada vez más notable para sacar fallos trascendentes, el presidente de la Corte se refugia en las relaciones públicas: visita semanarios y difunde sus imágenes como un candidato más de la campaña, otorga largas entrevistas en los principales matutinos y organiza encuentros de jueces y funcionarios para hablar sobre el medio ambiente o los Derechos Humanos.

También se dedica a escribir columnas de opinión en los principales matututinos porteños en las que destaca los avances del nuevo Código Civil que lo tuvo entre sus principales redactores.

Y es que sacar sentencias podría haberse vuelto una actividad por momentos tortuosa. La única contraparte garantizada que tiene Lorenzetti es Juan Carlos Maqueda. Elena Highton tiene ideas muy distintas en varias áreas y Carlos Fayt es un gran ausente por lo cual no es fácil determinar hacia donde se orientará.

El problema para Lorenzetti es que esta inacción de la Corte en temas sensibles se está transformando en el principal justificativo en el macrismo y el sciolismo para avalar una posible ampliación del tribunal, que además sirva para negociar y lograr consensos en la política.

En el sciolismo hay un fastidio muy fuerte además por algunas conductas que exhibió el administrador de la Corte Carlos Marcho en cuestiones referidas a algunos bienes decomisados que la provincia había requerido para su cartera de Seguridad, que el propio Lorenzetti prometió y que el final Marchi direccionó hacia otro destino mucho menos conocido.