La Corte Suprema es un territorio cada vez más dividido. El retorno del debate por la reforma del Código Civil y Comercial, las aspiraciones reformistas de Ricardo Lorenzetti en materia penal y el tramo final del expediente de la Ley de Medios están minando los consensos de un grupo de jueces que hace solo cinco meses, en pleno fragor por la reforma judicial supieron mostrarse como un grupo homogéneo en el cual nadie quedaba en off-side.
Las disputas tienen un origen anterior a los temas del momento: el cruce de Lorenzetti con el jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, entuerto que no quedó claro para nadie en el tribunal aunque sí generó demasiadas sospechas sobre la situación económica del presidente de la Corte. Por ahora solo rumores o trascendidos de pasillo pero que un microclima tan selecto como el del cuarto piso cumplen la función de desgastar.
Echegaray no ha olvidado esa cuestión y desde hace semanas estudia de cerca los vínculos que tiene la fundación de Lorenzetti orientada al derecho sustentable, Expoterra, con grandes empresas. Hace un mes uno de sus sabuesos le planteó un fuerte dilema a Echegaray: una de esas empresas sería Chevron, la socia de YPF y que en la Corte salió ganadora ya que le levantaron el embargo impuesto por la Cámara Civil por sus daños ambientales en Ecuador.
Estas sospechas también existen en la Corte y sirven para entender porque Fayt eligió no firmar el texto de respaldo a Lorenzetti cuando se enfrentó públicamente a la AFIP. “No firmó porque estaba enfermo, en la casa”, dijeron ese día en la vocalía de Lorenzetti cuando es bien sabido que el nonagenario juez casi no va al palacio y se hace llevar todas las firmas a su domicilio.
Desde ese estallido Lorenzetti casi no ha logrado acuerdos unánimes sobre los temas más complejos. La reactivación por parte del Gobierno de la reforma del Código Civil y Comercial volvió a poner en evidencia que en el tribunal aparte de su titular y Elena Highton de Nolasco nadie cree en el proyecto y nadie entiende porque la redacción del proyectos fue asumida por la propia Corte cuando, en el sistema republicano que tanto defiende el tribunal, ese rol es de los diputados y senadores.
Las comisiones impulsadas la semana pasada por Lorenzetti para acelerar los juicios penales y pensar otras reformas relacionadas con subrogancias y excarcelaciones no cuentan con el visto bueno de Eugenio Zaffaroni, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay. Todos entienden que el único objetivo de Lorenzetti es crecer políticamente puertas adentro del Poder Judicial aunque no logre resultados palpables.
La resolución por la Ley de Medios se ha vuelto ingobernable: no solo porque cuatro de los siete ministros apuestan por darle una estocada al Gobierno apenas termine la temporada electoral sino también por la desconfianza mutua: cada vocalía elabora hasta siete borradores de sentencia solo para despistarse mutuamente y no mostrar las cartas.