El miércoles, alrededor de las once de la noche, Ricardo Lorenzetti habló por teléfono con Carlos Zaninni, el secretario de Legal y Técnica que, por unos días, ostenta todo el poder en el Gobierno que formalmente conduce Amado Boudou.  El tema, como no podía ser de otra forma, era la resolución en la Corte del expediente de la  Ley de Medios.  “No están los votos para una resolución  y puede pasar mucho tiempo antes de que estén”, comentó Lorenzetti. “¿Tan difícil es reunir cuatro votos de un tema que gira hace cuatro años?”, apuró Zaninni. “Si esto no sale con por lo menos seis posiciones alineadas no hay fallo”, remató el presidente de la Corte.

Por la constitucionalidad plena solo votaría Eugenio Zaffaroni mientras que Lorenzetti, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco formularían un fallo favorable a la aplicación pero con correcciones.

La conversación no era tensa ni nunca lo será, sino cordial, como entre dos viejos colegas, tanto que Zaninni, cuando cortó la comunicación, le dijo a dos de sus colaboradores que lo acompañaban: “pucha, tendría que haberle preguntado por lo de Boudou en Uruguay”.  En el Gobierno se comenta desde el lunes que Alejandro Paul  Vandenbroele, protagonista indiscutido en la causa por presunto tráfico de influencias que afecta al vicepresidente sería citado a declarar por un fiscal uruguayo en una derivación del caso que se inició por la compra de la imprenta Ciccone.

La Corte convocó a una audiencia por la Ley de Medios pero aún no decidió.

Las ramificaciones de The Old Found (empresa de Vandenbroele) traspasan varias geografías, más aún desde que el Banco Central de Uruguay presentó una denuncia ante uno de los juzgados de Crimen Organizado pidiendo que se investiguen las actividades de Dusbel S.A. y The Old Fund. Hace dos meses, CyR  contó que el fiscal uruguayo estaba sobre la pista del ex tesorero del gobernante Partido Popular español, Luis Bárcena, ahora detenido en prisión por presuntos delitos de corrupción, quien habría aportado fondos para la compra de Ciccone a través de estas sociedades.  En este expediente también se presentó un abogado que opera para la SIDE y que dejó información sobre Vandenbroele.

Ciccone y la Ley de Medios, son los dos temas que lo tienen en vilo (con motivaciones distintas, claro) a quien por estas horas encarna el poder real en el Gobierno tras la licencia de Cristina. Sobre el segundo ya se ha hecho la idea de que el fallo legará a fin de año. El panorama tampoco es  muy alentador: “una resolución a medio camino no me sirve”, le reclamó a Lorenzetti cuando todavía soñaba con un fallo por la constitucionalidad de la norma antes de las elecciones. El juez le respondió que era difícil que la ley quedara sin cambios, puntualmente respecto a los puntos relacionados con el derecho privado.

La realidad llegó, puntual y violenta para el funcionario de mayor confianza de la Presidenta, en la sesión de acuerdos del pasado martes, cuando los ministros decidieron postergar la definición mientras expresaban su malestar con Zaninni por sus insistentes llamados.  Carlos Fayt ya había predicho que era imposible fallar antes de las elecciones. El martes dibujó otras líneas de futurología. “Si no se logra un consenso que linde con la unanimidad entonces los legisladores deberán cambiar la ley en el Congreso” avisó para luego agregar, ante miradas escépticas: “no crean que en el futuro vaya a ser algo tan improbable”.