Laura Alonso no está pasando un buen momento. Hace una días un juez ordenó a la Oficina Anticorrupción, que ella encabeza, que entregara la información requerida por la Auditoría General de la Nación, un organismo de control que depende del Congreso. Luego se publicó que pensaba irse del país porque teme por su futuro ambulatorio en el caso más que probable que Alberto Fernández llegue a la Presidencia.
Y ahora un abogado pidió que ella -no la OA- sea apartada de la causa conocida como «la ruta del dinero», que tiene al empresario Lázaro Báez como principal imputado en el juicio que se realiza en los tribunales federales de Comodoro Py.
El pedido lo realizó durante la audiencia de esta mañana, el abogado defensor del financista Federico Elaskar ante los miembros del Tribunal Oral Federal N° 4, que lo juzgan junto a Báez, algunos de sus hijos, y otros acusados de haber sido parte de supuestas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos.
«Es un pedido, no para la OA como institución, sino a la persona de Laura Alonso, que aparece como querellante», dijo José Manuel Ubeira, abogado defensor de Elaskar. El Tribunal resolvió dar vista a las partes para que respondan en la audiencia del miércoles próximo, mientras se continúa con la etapa testimonial en el debate oral.
«No hay mejor forma de ver cómo camina un rengo que verlo caminar», argumentó el abogado al aludir a la «etapa final del proceso» en la que en un futuro el organismo hará su alegato final. «La figura como titular de Laura Alonso no reúne los mínimos requisitos para representar a la OA en este debate», agregó.
Además, recordó que Alonso «públicamente se manifestó enamorada del presidente de la República».
«Más allá de la simpatía que a uno le genera que la gente se enamore una persona que está en el ejercicio de control del gobierno actual, no puede tener una manifestación pública en la que se refiera a su jefe en estos términos», expuso Ubeira en la audiencia.
El letrado agregó que «nadie le puede pedir a la OA imparcialidad, pero sí objetividad en el ejercicio de sus funciones».
Hace unos días la funcionario que llegó a la OA, sin tener el título de abogado, obstáculo que fue salvado por una decreto del presidente Mauricio Macri, recibió un duro revés judicial, cuando un un juez ordenó que se entregara la información requerida por la Auditoría General de la Nación, para evaluar la actividad del organismo.
“La negativa a facilitar la información por parte de la Oficina Anticorrupción ha impedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) el pleno ejercicio de sus facultades de contralor, asignadas de manera expresa por el artículo 85 de la Constitución Nacional”,escribió el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico.
“El derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta posee constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho y un derecho humano fundamental. (…) Si el derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental, entonces el Estado debe en primer término abstenerse de obstaculizarlo directa o indirectamente mediante restricciones infundadas”, agregó el juez.
“Esa información no puede estar sujeta a condicionamiento alguno por parte del organismo auditado, y la reticencia en suministrarla, obstruye el desenvolvimiento de las tareas de auditoría constitucionalmente otorgadas al órgano de control, más aun teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el primer requerimiento”, insistió Lavié Pico. De todos modos, la OA resolvió apelar la medida.
Deja una respuesta