El acuerdo alcanzado entre el Estado Nacional, cuya cabeza es el presidente Mauricio Macri, y la empresa Correo Argentina S.A., encabezado por Franco Macri, padre del primer mandatario, generó una polémica porque según los cálculos de la fiscalía implican en la práctica que la deuda tiene una quita del 98,82% cuando se termine de pagar la deuda, lo que implica en la práctica una condonación de casi la totalidad de la deuda.

La propuesta fue presentada por la empresa en una audiencia que se realizó el 28 de junio del año pasado y fue aceptada por el Estado, representado por un abogado del Ministerio de Comunicaciones. La fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín rechazó el acuerdo en un dictamen que presentó en diciembre y que amplió el miércoles último con el cálculo del perjuicio que implica para el Estado aceptar la oferta del papá del Presidente.

El concurso del Correo, privatizado por Carlos Menem y entregada al grupo Macri, se inició en septiembre de 2001 y en abril de 2003 se verificó la deuda reclamada por el Estado en 296 millones de pesos. La empresa presentó desde entonces diversas ofertas de pago, que nunca fueron aceptados por el Estado porque se consideraban perjudiciales, hasta que a mediados del año pasado, se aceptó una oferta del pago de la deuda a 15 años con un interés del 7% anual.

Desde el Gobierno sostiene que el acuerdo aceptada es favorable porque “luego de más de 15 años, el Estado Nacional logra cobrar un crédito, que en números totales es de casi 600 millones de pesos. Este capital podrá ser utilizados para beneficio de la sociedad”.

Las misma fuentes sostienen que el acuerdo es beneficioso para el Estado porque “en seis meses, el Ministerio de Comunicaciones logra lo que la anterior administración no había logrado en casi quince años. En este sentido obtiene: el compromiso de la concursada de abonar el 100% del crédito verificado y sin ningún tipo de compensación”.

Los cálculos que hace la Fiscalía en su dictamen para oponerse al acuerdo son completamente diferentes “resulta que el porcentaje de quita, para la mejora de la oferta efectuada por la concursada y aceptada por el Estado Nacional,  asciende al 98,82% de su valor real”. Para estimar el perjuicio para la administración nacional se toma como tasa para el cálculo del valor presente de la deuda, la tasa activa mensual del BNA a septiembre de 2001, fecha de inicio del concurso de acreedores. En el cuadro presentado ante la Cámara surge, según la fiscalía que el porcentaje actualizado de la quita es $70.163.910.895,30, a marzo de 2033, cuando finaliza el plan de pago, y de $4.277.659.362,13, a febrero de 2017.

“La propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible -si nos atenemos a su valor presente-, por resultar equiparable a una condonación de la deuda; liberalidad que no se condice con la habilitación legal que rige en la materia respecto del Estado Nacional”, dijo la fiscal y agregó que “la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal”.

Desde el Gobierno se insiste que con la propuesta aceptada, los beneficios son los siguientes:

1. Cobra en efectivo, y no en una hipotética compensación de créditos y débitos;
2. Reduce el número de anualidades, de lo originariamente propuesto 26 anualidades (en la primera presentación) al plazo de 15 anualidades;
3. De un periodo de gracia de 5 años, logra una oferta de pago que sólo implica una espera de un ejercicio desde la homologación de la propuesta concordataria;
4. Se logra una tasa del 7% anual sobre saldos deudores.

De todos modos Boquin cuestiona la propuesta de pago, que se sustancia de la siguiente forma:

1) Cuatro cuotas equivalentes al 1% de los créditos quirografarios (venciendo la primera al año del cierre del ejercicio del año fiscal en que quede firme la homologación);

2) cinco cuotas equivalentes al 2% de los créditos verificados (venciendo al año siguiente del vencimiento de la última cuota detallada en el punto 1.);  

3) dos  cuotas equivalentes al 3% del capital quirografario (pagadera al vencimiento de la última anualidad consignada en el punto 2.);

4) dos cuotas equivalentes al 15% del capital quirografario (pagadera al año de operado el vencimiento detallado en el punto 3.);

5) una cuota equivalente al 20% del capital quirografario (pagadera al vencimiento de la última anualidad detallada en el punto 4.);

6) una cuota equivalente al 30% del capital quirografario (pagadera al año del vencimiento de la última anualidad consignada en el punto 5.); y

7) una cuota de intereses sobre el capital ya abonado calculados al 7% anual no acumulativo sobre saldos.

Los voceros del Gobierno defienden el acuerdo firmado y argumentan que “la solución del concurso preventivo previene el serio riesgo de la liquidación de los bienes, por quiebra, de Correo Argentino Sociedad Anónima. Esto evitará gravísimos inconvenientes en la prestación del servicio postal, dado que la mayoría de tales bienes (planta de Monte Grande en especial), aun cuando este discutido judicial y administrativamente, están siendo utilizados actualmente por CORASA (el actual correo estatal), para el cumplimiento de su objeto social”.

Sin embargo, expertos en derechos comercial dicen que la propuesta de la empresa es abusiva como sostuvo la fiscal y que es de práctica rechazar acuerdos como este de Macri vs. Macri.