| Dictamen

Las 7 claves de la acusación contra De Vido por la tragedia de Once

La fiscalía pidió que se cierre la instrucción y que el ex ministro sea llevado a juicio oral por el peor accidente ferroviario de la historia argentina. Debe ser sorteado el tribunal oral.

De Vido ya había sido procesado por Bonadio.

De Vido ya había sido procesado por Bonadio.

El fiscal federal Ramiro González, pidió hoy que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sea llevado a juicio oral y público en la causa por la que se investiga su responsabilidad en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y otras 789 personas resultaron heridas, y que tramita en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio.

Tras el dictamen del fiscal González, el juez Bonadio tiene que completar algunos trámites formales, cerrar el expediente y enviarlo a sorteo para que se designe el tribunal oral que va a realizar el juicio en audiencias públicas contra el ex ministro de Planificación.

El otro imputado es Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), quien junto a De Vido serán juzgados por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta.

  1.  “De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires SA, permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas”, sostuvo la Cámara Federal cuando confirmó el procesamiento del ex ministro.
  2. “Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA”, dijeron los jueces en su resolución del 12 de julio.
  3. De Vido “no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio. Lo que se le reprocha es su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012″.
  4. De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio”.
  5. “Pese a los múltiples informes desfavorables elevados por las diferentes áreas, fue recién el 28 de febrero de 2012 -luego de los acontecimientos que dieron inicio a estos actuados- que dictó la Resolución 199”, cuando De Vido dispuso la intervención en la concesión del servicio que prestaba TBA en la línea Sarmiento.”
  6. De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires SA, permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas.”
  7. “Se suman los estudios realizados por las distintas áreas del propio Ministerio a su cargo. A modo de ejemplo cabe repasar el elaborado el 2 de marzo de 2011 por la Gerencia de Seguridad en el Transporte -dependiente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte-, en el que se hace expresa referencia al sostenido decaimiento del servicio, calificando comograves los incumplimientos.”

Cuando compareció en declaración indagatoria, en abril último, De Vido aseguró que no gestionaba ni controlaba el transporte ferroviario y atribuyó el accidente a un “error humano” del maquinista Marcos Córdoba.

“No he intervenido, ni participado, ni conocido ni consentido ninguno de los actos, las omisiones o las complicidades” cometidos por los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que eran sus subordinados y están condenados a seis y ocho años de cárcel.