Por Javier Sinay.
Cuando asumió su puesto como director del Servicio Penitenciario Federal, el 19 de agosto de 2013, Alejandro Marambio sabía que tenía por delante una tarea doblemente difícil: no sólo porque debía suceder a Víctor Hortel, el anterior titular de las cárceles nacionales –que no le tenía miedo al perfil alto y que había apadrinado al polémico Vatayón Militante–, sino porque su ingreso en el circuito de las cárceles encubría una guerra entre facciones de gobierno. La fuga de trece presos del penal de Ezeiza, que había acelerado la dimisión de Hortel, había dejado también muchos cabos sueltos, entre los que llegó a decirse que el túnel había sido cavado desde la calle hacia la cárcel (y no al revés, como sería obvio). Luego de la caída de Hortel, que era cercano a La Cámpora y al juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, y que mantenía una fuerte pugna con el Ministerio de Justicia, el titular de esa cartera, Julio Alak, mandó a llamar a Marambio a España, adonde vivía con su mujer, titular de una fiscalía.
Recién aterrizado en las oficinas del Servicio Penitenciario Federal de la calle Lavalle, Marambio aclaró que se hacía cargo del puesto sólo temporalmente. Y se encontró con la esperada oposición de los camporistas y de las Madres de Plaza de Mayo, que lo señalaban por sus antiguos vínculos con represores y que ya conocían su estilo, que había mostrado en una primera gestión al mando de los carceleros entre 2007 y 2011.
En aquel primer período, Marambio había asumido con gloria: ligado al por entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández, era el primer civil en tomar el puesto. Tenía menos de 40 años, era abogado de la Universidad de Buenos Aires, poseía una especialización en Derecho Penal en la Universidad Torcuato Di Tella y era consultor internacional en temática penitenciaria y políticas de reinserción de delincuentes.
Pero después de cuatro años se retiró llevándose las críticas de los organismos de derechos humanos y de la Procuración Penitenciaria Nacional. “Durante la gestión de Marambio los compañeros docentes universitarios y estudiantes del medio libre que concurren al Centro Universitario Devoto (CUD) periódicamente fueron puestos bajo sospecha e infamados mediante comunicados de prensa oficiales desde el SPF”, recuerda, por ejemplo, un miembro de la agrupación estudiantil universitaria La Juntada, que participaba del CUD, uno de los programas modélicos del Servicio Penitenciario Federal. En 2010 el CUD fue allanado, once computadoras fueron retiradas y durante cuatro meses el Centro permaneció cerrado. Siete estudiantes hicieron una huelga de hambre que se prolongó durante más de cuarenta días y Marambio se negó a recibir a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, pese a las movilizaciones de los organismos de derechos humanos y los centros de estudiantes. “Durante la primera gestión de Marambio aumentaron los casos de tortura, los hechos violentos, los asesinatos y los suicidios”, rezó un comunicado que algunos de los miembros del CUD lanzaron en agosto de 2013, cuando se dio a conocer el segundo período de Marambio. “Su administración también se caracterizó por cerrarles las puertas a los organismos de derechos humanos que trabajaban en las cárceles, por dificultar la realización de actividades culturales, educativas y sociales al interior de los penales y por poner trabas al ingreso de la UBA y la educación superior en las cárceles”.
Las críticas que recibió, además, tenían que ver con el alza de denuncias de torturas y los presuntos privilegios de los que gozaba Carlos Humberto Caggiano Tedesco, un militar condenado por crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, los carceleros habían reprochado a Marambio la sordera a sus consejos cuando le sugirieron que detuviera las reacomodaciones en los pabellones en Devoto, una semana antes del estallido de un motín. “Los resultados de la gestión de Marambio han sido contrarios a la política derechos humanos implementada en los últimos años. Se tomaron decisiones que limitaban el control y se implementaron programas muy restrictivos”, declaraba entonces el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Miguel Mugnolo.
En los cinco meses que duró su segunda gestión, Marambio debió enfrentarse a la muerte de dos presos en sus celdas de la cárcel de Ezeiza, a las condiciones infrahumanas de reclusión en un sector del penal de Marcos Paz (sin electricidad, sin baño y sin aseo durante meses) y a nuevas fugas, como la del ex gendarme Leandro Szynwelski –preso por el crimen de un policía, en la cárcel de Marcos Paz– y la de Fernando Ariel Moreno, un detenido cuyos cómplices aprovecharon su traslado a un hospital (después de una pelea con facas en la cárcel de Devoto) para liberarlo.
“Pero lo realmente dramático para Marambio fue que no pudo hacer frente a la presión de La Cámpora, del CELS y de Madres de Plaza de Mayo, que quisieron retomar el control de las cárceles porque las cárceles significan gente disponible, dinero y recursos: significan poder”, sostiene un hombre del Servicio Penitenciario. “Marambio tampoco tenía caja para implementar las reformas que quería imponer y por último, el tema de las fugas lo desgastó: aunque las fugas resonantes no ocurrieron durante su gestión, le hicieron sombra”.
Su renuncia encontró una versión oficial en unos escuetos “motivos personales”. Marambio dijo que estaba cansado de ir y venir a España, donde vive su mujer, que es fiscal de la Justicia. El dos veces director de los carceleros volverá ahora –y definitivamente– a Madrid, a las aulas de la Universidad Carlos III –donde da clases de Derecho Penitenciario– y a la representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Consejo Iberoamericano de Ministros de Justicia (COMJIB). Su jefe de asesores en las oficinas de la calle Lavalle, Emiliano Blanco, ya es su sucesor.