Por Martín Casares

Desde hace más de 10 años que América Latina sufre un gran crecimiento del delito y la violencia llegando a convertirse en la región más insegura del mundo.

La inseguridad aparece en las encuestas como la principal preocupación, y el temor ha crecido afectando la calidad de vida y dificultando el desarrollo de las personas.

La grave situación de seguridad ciudadana es el principal problema que hasta el momento casi ningún gobierno ha podido resolver o mejorar de manera sustancial; ya que inclusive con crecimiento y mejoras en términos de inclusión social, salud y educación, los indicadores en materia de seguridad continúan empeorando.

De hecho, según el Informe de Desarrollo Humano (2013-2014) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) centrado en la problemática de la seguridad ciudadana, el aumento de la inseguridad se da no sólo en el crecimiento de la cantidad de hechos delictivos, sino también en la violencia con la que son cometidos,cuestión no menor que agrava el cuadro de situación.

La tasa de homicidios de la región es de 10 cada 100 mil habitantes, y en la última década se produjeron más de 1 millón de asesinatos. Esto último no es igual en todos los países, ya que mientras en algunos la violencia mortal alcanza altos niveles, calificados en términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como epidemia, en otros las tasas son relativamente bajas e incluso comparables a las de países europeos.

Sin embargo, el crecimiento de los delitos contra la propiedad aparece como una constante en casi todos los países; el robo se triplicó en los últimos 25 años configurando el delito que más afecta a los latinoamericanos.

Entre las causas analizadas por el informe se destacan los cambios en la dinámica familiar, la falta de escolaridad, como también lo que el estudio llama los “facilitadores”; esto es: la gran cantidad de armas de fuego de fácil acceso,el exceso en la ingesta de alcohol y el abuso de drogas.

A esto se suma la falta de una respuesta estatal adecuada, mediante gobiernos que cuenten con una política criminal democrática orientada a la prevención pero también acentuando la sanción de los delitos cometidos. Y destaca el informe, que en casi todos los países existe una insuficiente capacidad de perseguir y sancionar el delito de manera efectiva.

La eficacia en la investigación criminal es poca o nula, los niveles de elevación a juicio por parte de los fiscales son muy bajos, y en los casos en los que se consigue una sentencia condenatoria, muchas veces las penas se dejan en suspenso; es decir que no se aplican. Asimismo, también se resalta una gran falta de proporcionalidad entre los hechos cometidos y las sanciones impuestas.

En consecuencia, aparece como denominador común, un fuerte déficit en los sistemas de justicia y seguridad que debido a su mal funcionamiento y a la imposibilidad de lograr resultados concretos generan altos índices de impunidad.

Por su parte, el sistema carcelario se encuentra en crisis, y la etapa de ejecución de la pena no cumple con su objetivo principal de lograr la reinserción social del detenido. Esto se puede observar en el alto índice de reingreso a la cárcel; lo que implica que casi la mitad de los detenidos vuelven a cometer delitos luego de salir del encierro.

A continuación, y tomando como punto de partida este diagnóstico, realizado en base al análisis de datos empíricos, encuestas de victimización y el mapa de la inseguridad, el informe avanza más allá planteando una serie de guías para pasar a la acción proponiendo aprender de la experiencia en la región y tomar sus mejores prácticas.

Así se destaca como fundamental una real decisión política mantenida en el largo plazo, y el diseño de políticas públicas contenidas en un plan integral con un enfoque multisectorial, que contenga mejores y más efectivas políticas de seguridad ciudadana.

Para esto propone despolitizar el debate y llegar a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, generando consensos básicos para avanzar en la planificación con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Finalmente, para comenzar a caminar en la búsqueda de la solución a la problemática de seguridad ciudadana se requiere reconocer el fracaso de las políticas públicas aplicadas en el pasado; y en especial de aquellas que postulan la mano dura para poder dejarlas de lado ya que no solo han demostrado no ser efectivas en el combate del delito y la violencia, sino que también han tenido efectos negativos en la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.

@MartinCasares