Por Agustín Carrara*

La discusión sobre este tema tiene un punto de partida incuestionable: el sistema penal argentino es ineficiente para perseguir cualquier tipo de delitos. Esto se acentúa aún más cuando se trata de hechos de corrupción, en los cuales el proceso judicial tiene un promedio de duración de 14 años. Dos de los factores que explican esto son el actual sistema procesal penal (a nivel federal) y el rol que cumplen en él los distintos operadores judiciales.

Nuestro sistema tiene un corte predominantemente inquisitivo, con una primera etapa de instrucción que absorbe la mayor parte del proceso y que se rige por una “cultura del expediente” dominada por la lógica burocrática. La investigación suele ser llevada a cabo por el juez -en lugar del fiscal- y todo se realiza por escrito y de manera secreta, incluso en los casos de manifiesto interés público (como los hechos de corrupción). A la responsabilidad de los jueces por la constante paralización de las causas y las prolongadas demoras en los trámites se suma la pésima actuación del Ministerio Público Fiscal. La falta de una persecución penal inteligente se ha evidenciado no solo en la mala aplicación de los recursos existentes, sino también en la falta de utilización de herramientas claves tales como el decomiso del dinero de origen ilícito. Es imposible desarrollar una política criminal efectiva contra la corrupción si no se procura recuperar el dinero robado al Estado, para devolverlo a la sociedad y reparar el daño causado.

Frente a este tipo de delitos, el Código Procesal Penal de la Nación, demuestra que una de sus consecuencias más comunes es la prescripción y la consiguiente impunidad del Poder Económico. Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la reforma del sistema procesal penal federal resulta ineludible. Varias provincias y muchos países de Latinoamérica han iniciado procesos de reforma en los últimos años, frente a la urgencia de lograr sistemas penales con mayor celeridad y eficacia. A su vez, los cambios legales permiten que gradualmente se desarrollen cambios culturales, para eliminar las viejas prácticas arraigadas en los principales operadores judiciales. Hasta que eso suceda, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben reformular seriamente su actuación y hacer un uso estratégico de las herramientas con las que cuentan actualmente.

*Coordinador del Área de Control y Persecución de CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica)