Por Rafael Saralegui.

Ocurrió como se esperaba. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció una serie de medidas dirigidas a otorgar mayor transparencia y dar más herramientas de participación ciudadana en la Justicia, en una semana en la que el Poder Judicial, como pocas veces antes, estuvo en el centro de la escena política durante toda la semana. La más trascendente, es el anuncio de un proyecto de ley para que los integrantes del Consejo de la Magistratura puedan ser elegidos por el voto popular.

El Consejo de la Magistratura fue creado durante la reforma de la Constitución Nacional en 1994, cuando se habilitó la reelección presidencial y está integrado por representantes de los tres poderes y de los abogados. Es el organismo que se encarga de elegir a los candidatos para las ternas de jueces que luego son enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo.

La Presidenta le dio así un cierre a todo orquesta a la semana que comenzó con el discurso del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el acto de apertura del año judicial y por el 150 aniversario del máximo tribunal, continuó con los dos días de debates en la Biblioteca Nacional de los integrantes del movimiento por «una Justicia legítima» y finalizó con la ceremonia de apertura del 131 período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Fernández acompañada por el vicepresidente Boudou.

«Quiero una Justicia democrática, no corporativa, sabiéndose que es parte del Estado y que debe aplicar la Constitución», argumentó la Presidenta. «Tiene que tener representación ciudadana», afirmó al referirse a la forma de elección de los integrantes del Consejo «La propuesta va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo sean elegidos por el pueblo», indicó. «Ni los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos», añadió la Presidenta.

Cristina Fernández dijo que la Constitución establece que los consejeros deben ser académicos y científicos, pero no específicamente abogados. «Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada», señaló. Fue la medida más trascendente de todas las que anunció referidas al Poder Judicial. El Consejo no sólo elige a los candidatos a jueces, sino que también resuelve los juicios políticos y eventuales sanciones a los magistrados.

Dijo además que es necesario modificar la Cámara de Casación, que actulemente sólo existe para el fuero penal, y crear la misma instancia para los fueros en lo Civil y Comercial, una en lo Contencioso y Administrativo, y en lo Previsional. De esa manera, dijo, cada rama ganará una instancia para que haya «más transparencia» y aseguró que eso permitirá desconcentrar información.

La Presidenta propuso además que se reglamente el régimen de medidas cautelares, que se cree un registro público para que todos los ciudadanos puedan acceder a las causas que se tramitan en cada juzgado, y que las declaraciones juradas de todos los funcionarios del Poder Judicial puedan ser de libre acceso para el público. Se refirió también a la excepción al pago al impuesto a la ganancias que beneficia a los magistrados. Explicó que hay una ley sancionada por el Congreso que así lo establece pero que una acordada de la Corte, cuando su presidente era Julio Nazareno, estableció la excepción. Esta semana, Lorenzetti dijo que estaba de acuerdo en que los jueces paguen el tributo.

«Por internet se debe poder tener acceso a las declaraciones juradas de todos los funcionarios de todos los poderes del Estado. Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mí, quiero saber, tengo derecho a saber», dijo Fernández. «No se va a reformar ninguna Constitución, quedensé todos tranquilos», advirtió. Enseguida agregó: «Los que pensaban que lo de la Justicia era una excusa, que se olviden».

Las iniciativas anunciadas por Cristina fueran recibidas en forma dispar. La diputada Elisa Carrió dijo que el objetivo era tener una Justicia kirchnerista, el diputado socialista Roy Cortina opinó que se buscaba presionar a los jueces, mientras que la legisladora oficialista Diana Conti confió en que confió  habrá «mayor transparencia porque las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado van a tener que estar en internet». El radical Manuel Garrido dijo que era positivo que se ampliara el acceso a  las declaraciones, aunque advirtió que el problema es quien las controla.