El juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick envió hoy a la fiscalía la acción declarativa de certeza y reclamo de medida cautelar que presentó la Universidad de Buenos Aires ayer para evitar que la audite la Sindicatura General de la Nación.
Ahora, es la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 8 quién deberá determinar la presentación debe tramitarse en este fuero.
Cabe resaltar que Cormick quedó a cargo del caso luego de que la UBA recusó sin causa ayer por la noche a la primera magistrada que resultó a cargo de l causa, Rita Ailán.
Los detalles de la presentación
La UBA impulsó una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para que frene el avance de SIGEN sobre su funcionamiento, por entender que la decisión del Poder Ejecutivo es “inconstitucional”, atenta contra “el principio de división de poderes” y vulnera “la autarquía y autonomía” de las universidades.
«Parte de las constantes falacias que se expresan públicamente sobre las Universidades Nacionales es que no cuentan con auditorías sobre el origen y el destino de sus recursos económicos. Nada más alejado de la realidad. Esta Universidad ha implementado un sistema de control interno robusto y eficaz dentro del marco de su autonomía y autarquía y de las previsiones contenidas en las leyes 24.156 y 24.521», agregó.
«Por ello, se requiere enfáticamente de V.S. que, al momento de resolver, tenga especialmente en cuenta la falta de legitimidad e inconstitucionalidad desplegadas por el Gobierno nacional a través de la SIGEN basándose en un dictamen no vinculante emitido por el Sr. Procurador General del Tesoro de la Nación”, remarcó el texto.
Sobre la SIGEN, la UBA explicó que “la SIGEN tiene competencia exclusiva y excluyente para ejercer el control interno, sólo en las jurisdicciones que componen el PEN y en los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”.
No dependen del PEN
En consecuencia “las Universidades Nacionales no son organismos descentralizados dependientes del PEN”.
La UBA sostuvo que la medida implica «una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 75 inciso 19 y 99 inciso 2º de la Constitución Nacional (CN), la ley 24.521, la ley 24.156, así como los arts. 77, 83 y 98 del 3 Estatuto Universitario y las pautas contenidas en la Resolución (CS) Nº 8237/13, procurándose con esta acción la tutela jurisdiccional de los derechos de esta parte», agrega la demanda.
«Ante ello constituye objeto principal de la acción una declaración judicial de certeza, en virtud de la cual se establezca la inconstitucionalidad» de la medida por «inexistencia de relación jurídica entre la SIGEN y esta Universidad en cuanto al control interno», se agregó.
El lunes, la SIGEN notificó a la Universidad de Buenos Aires que iniciará los trabajos de auditoría en esa casa de estudios.
Según expresó el ente descentralizado de control interno en un comunicado, las autoridades de la UBA no respondieron a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado.
Por esa razón, “se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones”.