Por Javier Sinay.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires requirió a la Procuración General un informe sobre “las alternativas y el resultado de las medidas adoptadas” en relación a la denuncia sobre una seguidilla de seis crímenes de chicos humildes de La Plata, que realizó en mayo el defensor oficial Julián Axat, del fuero de responsabilidad penal juvenil. En aquella presentación, Axat había anotado que desde el día 6 de Junio de 2012 habían ocurrido seis crímenes de niños (a los que se sumaron desde entonces tres más), siempre con víctimas menores de 20 años, con características similares. Según la presentación: “a) son muertes violentas, b) se trata de niños y adolescentes marginales atendidos por esta defensoría; c) ocurren en las mismas zonas; d) existe algún grado de participación o relación policial en las mismas”.

La procuradora debe dar explicaciones sobre las muertes.

Ahora el máximo tribunal bonaerense estableció que no tiene la competencia para manifestarse sobre la serie de casos, que también ha sido denunciada ante la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, la Suprema Corte involucró a la procuradora general, María del Carmen Falbo, en el asunto.

Falbo –un certero pilar de la Justicia duhaldista- no viene en los mejores términos con Axat, un reconocido militante por una Justicia más abarcadora. En el marco de la inundación que sacudió a La Plata el 2 de abril pasado, Axat se había presentado en el juzgado en lo contencioso administrativo de Luis Arias con un habeas data para pedir que se investigue la posible existencia de víctimas juveniles. Pero, aunque la Suprema Corte provincial lo había autorizado para actuar, la procuradora lo desplazaría poco tiempo después.

“El doctor Axat no estaba avalado para hacer nada de lo que hizo, porque en nuestra provincia tenemos las cosas muy separadas. Los derechos constitucionales de los menores deben ser investigados por la asesoría de menores incapaces, que es otra dependencia del Ministerio Público”, explicó la procuradora general a fines de mayo, cuando se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. “Me veo forzado a dimitir en una investigación en la que ya había avanzado y en la que tenía mucha información para brindarle a la sociedad”, consideró Axat entonces. “Me han censurado de manera burda y arbitraria, al igual que al juez Arias. El Poder Judicial y el poder político han pactado la exclusión de una investigación independiente”.

Ahora, y con una decena de cadáveres jóvenes sobre la mesa, es el turno de Falbo para brindarle información a la sociedad.