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La fiscalía pidió seis años de prisión para De la Rúa por el pago de sobornos

La fiscalía pidió hoy una pena de seis años de prisión en el juicio oral por el pago de coimas para aprobar una ley de reforma laboral para el ex presidente Fernando de la Rúa y para quien fue el jefe de la SIDE en su gobierno, Fernando De Santibáñez, por el delito de “cohecho activo”.

La Oficina Anticorrupción también había pedido una pena de prisión.

La Oficina Anticorrupción también había pedido una pena de prisión.

Tambien pidió penas de 6 años de prisión para los exsenadores justicialistas Augusto Alasino, Remo Constanzo, Alberto Branda y Alberto Tell, por los delitos de “cohecho pasivo” y de un año y medio en suspenso para el arrepentido Mario Pontaquarto.

Al cabo de una semana de alegato, la fiscal Sabrina Namer consideró probado el pago de los sobornos y adjudicó a la declaración del arrepentido Mario Pontaquarto un “valor probatorio pleno”, pero declinó formular acusación penal contra el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y pidió su sobreseimiento por no considerar probada su participación en la maniobra.

Tras exponer ante el tribunal, la fiscal Namer solicitó una pena de seis años de prisión y la inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos al ex presidente Fernando de la Rúa y al ex titular de la SIDE De Santibañes.

La representante del Ministerio Público Fiscal expuso ante los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3. Namer pidió también la inhabilitación especial perpetua para que ejerzan la función pública e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.

Por otro lado, solicitó un año y seis meses de prisión en suspenso para Pontaquarto. Como el imputado tenía una condena anterior del mismo tribunal a dos años y un mes de prisión, Namer pidió unificar la condena en tres años.

Asimismo, la funcionaria pidió las absoluciones de Alberto Flamarique y Ricardo Alberto Branda. Emilio Cantarero también está imputado, pero por cuestiones de salud su proceso se encuentra suspendido.

 


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