Lagomarsino conoció a Nisman en 2007.

A fines de la semana pasada, la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini cruzaron papeles calientes en el expediente de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Como había adelantado Crimen y Razón, la fiscal Fein presentó a un acusado para delegar la marcha de la causa en el juzgado de instrucción: se trata de Diego Lagomarsino. Fein pidió su llamado a indagatoria, pero la jueza Palmaghini rechazó la acusación y pidió más medidas de prueba.

Fein no imputó a Lagomarsino con un delito tan grave como un homicidio. Lo habría acusado de proveerle el arma al fiscal Nisman, es decir, de violar la ley de portación de armas o de tener una participación culposa en un supuesto suicidio.

De este modo, con una acusación endeble (lo que en la jerga judicial se conoce como un “dibujo”), Fein busca despegarse de un caso caliente y ampararse en los artículos 196 y 196 bis del Código Procesal Penal, que señalan que una vez establecido un acusado, la investigación puede quedar en manos del juez de instrucción para liberar de las máximas responsabilidades, de este modo, al fiscal.

No está de más señalar que la fiscal Fein, que ocupa su cargo desde los años del menemismo, ya tendría su jubilación acordada: sólo le faltaría acordar cuándo quiere renunciar y pasar a gozar de su retiro. Por otro lado, la fiscal enfrenta el caso sin la ayuda de su secretario, Gastón Amran, que está de vacaciones en Bariloche.

La jueza Palmaghini, tenida en los pasillos de Tribunales como una magistrada responsable, rechazó la imputación de Lagomarsino porque la consideró débil y le pidió a Fein que aporte nuevas pruebas, principalmente aquellas que corresponden a la División Balística de la Policía Federal.

En ese sentido, falta confirmar todavía que la pistola Bersa Thunder calibre .22 que Lagomarsino le habría prestado a Nisman es apta para disparar, que el proyectil que fue hallado en la cabeza del fiscal salió de aquella pistola y que la misma pistola deja (o no) huellas en la mano que la dispara. También falta adjuntar los informes del Renar sobre Lagomarsino, para corroborar si tiene licencia de legítimo usuario o de portador de armas.

A fines de la semana pasada, luego de recibir la respuesta de la jueza, la fiscal Fein habría llamado a Palmaghini para acordar la destrucción de ambos escritos, teniendo en cuenta que la vaguedad y el apresuramiento de su trabajo quedaba expuesto. Palmaghini le habría dicho que de ninguna manera iba a destruir un papel que ya había firmado.

Por lo pronto, la situación procesal de Lagomarsino ya no es la de un testigo, sino la de alguien que está formalmente imputado, pero todavía no procesado. Esta semana, la fiscal Fein se dedicará probablemente a conseguir la prueba que le pidió la jueza Palmaghini.

De ese modo logrará delegar la investigación en la jueza, quien a su vez probablemente desee tenerla bajo su órbita para no quedar presa de posibles errores que pudiera llegar a cometer la fiscal.

Por su parte, y antes del episodio de su momentánea desaparición, Diego Lagomarsino se entrevistó con la titular de la Defensoría oficial número 5, Silvia Mussi –una funcionaria que lleva más de veinte años en Tribunales– y vivió un episodio confuso, que sólo viene a aportar más irregularidades en este caso: cuando el ahora acusado salía del edificio de Cerrito 536 (donde tiene sede la defensoría oficial) junto a Mussi, fue abordado por dos policías de civil que le dijeron que ni él ni su defensora podían abandonar la sede judicial.

Ante la insólita orden, Mussi montó un escándalo. Finalmente, pudieron salir. Pero nadie se explica, en el ámbito tribunalicio, en qué juego estaban metidos esos dos policías y a quién respondían.