En una resolución que no difundió a través del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), la Corte Suprema decidió rescindir a partir de fin de año el acuerdo por el cual giraba fondos para que pudiera funcionar el Patronato de Liberados, la institución que se ocupa de controlar a las personas que se encuentran bajo libertad condicional, monitorear el cumplimiento de las penas alternativas (como las tareas comunitarias), vigilar ciertos casos de arrestos domiciliarios, asistir a quienes salen de la cárcel y hacer los informes sociombientales de los imputados en causas penales, informó el diario Página 12.

El texto de la decisión, firmado sólo por cuatro jueces supremos, señala que deberá ocuparse del tema el Ministerio de Justicia. En la cartera que conduce Julio Alak sostienen que garantizar la ejecución de las sentencias es un problema del Poder Judicial, no del poder político, y que por lo tanto no les compete hacer nada.

Una carta que el presidente del Patronato, Alejandro Frías, le mandó al ministro Alak, pinta la magnitud del problema que se avecina según sus últimas estadísticas: “Quedarían sin atender 9000 causas anuales para la confección de informes socioambientales” y 8298 causas donde hay personas que se encuentran bajo libertad condicional o cumpliendo con alguna probation.

A eso se suma, dice el texto, que el Patronato de Liberados utiliza actualmente oficinas que están en el Palacio de Tribunales, que pertenecen al Poder Judicial, que seguramente tendrá que restituir tal como quedó planteado el asunto por la Corte. Frías –descendiente del fundador de la entidad– pidió una reunión en el Ministerio, pero hasta ahora no tuvo suerte. Aun así, en la entidad dan por hecho que la cartera solucionará el intríngulis.