La Corte Suprema de Justicia le volvió a dar la espalda al Gobierno en dos resoluciones conocidas ayer y ante ese panorama son pocos los que apuestan a que luego de la audiencia pública convocada para el 28 de agosto el máximo tribunal pueda expedirse en forma favorable a las aspiraciones del Ejecutivo respecto de la postergada Ley de Medios.

Por un lado, en fallo dividido, la Corte rechazó un recurso del Ejecutivo y dejó firme una media cautelar concedida por la Cámara en lo Civil y Comercial en plena feria judicial a la Sociedad Rural, que había objetado el decreto presidencial que había dejado sin efecto la venta del predio de Palermo dispuesto durante la presidencia de Carlos Menem en los años 90.

Lorenzetti y Cristina hace tiempo que no tienen diálogo.

En fallo divido, los jueces consideraron que el Estado excedió el plazo previsto para apelar. Pero Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti, que consideran que es un caso de “relevancia institucional”, discreparon con la mayoría y plantearon que los camaristas debieron orientar su decisión a garantizar el derecho de defensa, no a restringirlo. Ahora la causa volverá al juez de primera instancia que deberá resolver el fondo de la cuestión.

“Resulta más que evidente que no ha sido la Cámara la que ha dejado en situación de indefensión a la parte demandada, sino que fueron sus propios representantes quienes, al dejar transcurrir la totalidad de los plazos procesales, privaron al Estado nacional de la posibilidad de obtener una revisión de la medida cautelar que, según afirman, afectaría los intereses públicos”. “Esta Corte no puede dejar de expresar su preocupación por la forma en que se ha asumido la defensa” de esos “intereses públicos”, dice el texto que firman Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi, en lo que representa un tirón de orejas para los abogados de la Procuración del Tesoro, que representan al Poder Ejecutivo.

En la otra resolución de ayer, esta vez por mayoría, la Corte Suprema se pronunció en contra de algunas medidas dispuestas por el Congreso en el paquete de leyes que el gobierno englobó bajó el término de democratización de la Justicia. Concretamente, la Corte estableció que “no resulta admisible que las declaraciones juradas” de los funcionarios “pertenecientes al Poder Judicial sean controladas” por la Oficina Anticorrupción (OA) porque es “una violación de la independencia de los poderes del Estado”.

En una acordada declaró “inaplicable” el artículo 6 de la reciente ley que puso las declaraciones de bienes de los jueces bajo la órbita y fiscalización del Poder Ejecutivo. También sacó otras dos acordadas para regular la publicación de fallos y resoluciones de tribunales de todas las instancias y para fijar pautas para el ingreso por concurso a la carrera judicial, que reclamó aplicar por igual en el ámbito legislativo y la administración pública. Los tres casos llevan la firma de los siete jueces supremos.

La Corte resolvió que de ahora en más será ella misma la que controle las declaraciones de bienes de los jueces y funcionarios del Poder Judicial y habilite su difusión. La nueva acordada suprema declara “inaplicable” la ley “en cuanto a la autoridad de aplicación” y resuelve que la encargada “debe ser esta Corte Suprema de Justicia, como titular de uno de los poderes del Estado”. Se ocupará, precisa, del “régimen de recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas”, que se implementará desde el año próximo porque este año ya venció el plazo de presentación.

El máximo tribunal ya había volteado la principal iniciativa referida a la democratización de la Justicia, la ley que establecía la elección directa de los integrantes del Consejo de la Magistratura, al considerar por unanimidad que ese texto es inconstitucional.

Ante esta seguidilla de fallos adversos son pocos los que aventuran un fallo favorable al Ejecutivo respecto de la Ley de Medios. Conocedores de la intimidad del pensamiento de los jueces supremos dicen que son pocos los que estarían dispuestos a firmar un fallo en contra del grupo Clarín.

El máximo tribunal ordenó que el miércoles próximo se realice una audiencia pública para que los representantes del Gobierno y de Clarín expongan sus argumentos. También hablitó la presencia de «amigos del tribunal», esto es representantes de organizaciones civiles que darán también sus puntos de vista. Luego estará en condiciones de dictar sentencia. ¿Lo hará antes de las elecciones de octubre? Se tratará de un fallo con un alto contenido político y su trascendencia para las aspiraciones del Gobierno son evidentes, pero pocos se animan apostar un peso a favor del Ejecutivo.