La condena de seis meses de prisión en suspenso contra Ricardo Jaime, el segundo ex funcionario kirchnerista que escucha una pena, fue ante todo una señal hacia la política, no tanto por el contenido de la resolución del  Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba  sino por la serie de intrigas que circularon en la trastienda de la justicia mediterránea.

Fabián Asís, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobo son el estereotipo perfecto del juez provincial, conservador en sus modos, de perfil silencioso y siempre con una línea directa al poder político. Tan similares son que en los tribunales de Córdoba casi no se recuerda la última vez que emitieron un fallo dividido.

Jaime se fue de los tribunales cordobeses en medio de insultos.

Diversos resortes de poder se pusieron en marcha durante el juicio que tenía por objeto procesal casi un movimiento de comedia: un allanamiento en un domicilio cordobés de Jaime en 2010 durante el cual el exsecretario de Transporte se habría valido de una treta para evitar que los efectivos del juzgado confiscaran unas tarjetas de una agencia de ventas motos y autos en las cuales Jaime figuraba con el rótulo de “Director”. En esa agencia trabajaba un hijo del ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien Jaime pretendía no dejar «pegado».

El propio, Marcelo Brito, el abogado de Jaime fue cristalino una vez que se conoció la sentencia: “es el resultado de un gran enfrentamiento entre diversos sectores”, sostuvo, enigmático, para hacer referencia a los deseos del Gobierno (que no quiere malas noticias desde los tribunales antes de octubre), de Juan Manuel De la Sota (cuyo ministro de Justicia habría expresado a uno de los jueces que Jaime debía recibir una pena contundente) y de la propia familia judicial.

Durante el debate parecía que el kirchnerismolograría su cometido de una absolución express ya que los jueces interrogaron reiteradas veces a los testigos del allanamiento que dijeron haber visto las tarjetas (Jaime dijo que nunca existieron). Alguno de ellos llegó incluso a mostrarse cerca de Jaime con la tesis, por momentos absurda, de una conspiración contra el ex funcionario.  Sin embargo en los momentos finales una contadora que trabaja para el fiscal federal Carlos Rìvolo brindó un testimonio solido sobre la existencia de las tarjetas que dio por tierra con la idea de una absolución, más aún cuando la sustracción de la tarjeta fue confirmada por los efectivos de la policía.

Allí fue cuando intervino el lobby judicial para evitar una noticia que habría sido demasiado álgida dada la sensibilidad política actual, es el mismo lobby que opera en los tribunales de Comodoro Py y que, por ejemplo, le recomienda al juez federal Ariel Lijo indagar a al vicepresidente Amado Boudou por la trama Ciccone recién después de octubre. Los mismos hombres que este jueves se encontrarán para una cumbre en Neuquén con presencia de Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay y con el sponsoreo de la opositora Asociación de Magistrados. Para Jaime  hoy son seis meses en suspenso pero habrá otros juicios y otros debates. Es sólo cuestión de tiempo.