La Cámara Federal ordena investigar a Cristina por el acuerdo con Chevron
La denuncia había sido desestimado por el fiscal Taiano y apelada por la jueza Servini de Cubría. La Cámara le dio la razón a la jueza y dispuso que se inicie la investigación.
La Cámara Federal porteña ordenó ayer investigar a Cristina Fernández por la firma del decreto 929/13 sobre hidrocarburos, que habría beneficiado a la empresa petrolera Chevron (en el acuerdo con YPF) y por el riesgo ambiental que implica el fracking.
Los camaristas dijeron que se debe iniciar la causa.
La Sala II del tribunal de apelaciones ratificó una decisión de la jueza federal María Servini de Cubría, que había dispuesto que se emitiera un nuevo dictamen fiscal para investigar a la primera mandataria por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.
El fiscal federal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia, pero esa medida fue anulada por Servini de Cubría, en una decisión que ahora respaldó la Cámara.
Taiano deberá elaborar un dictamen impulsando la investigación o se deberá nombrar a un nuevo fiscal para cumplir la orden de la Cámara Federal.
La denuncia fue presentada por diputados de Nueva Izquierda e indica que el decreto habría beneficiado a la empresa norteamericana en el yacimiento de Vaca Muerta y que habría daño ambiental.
Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron en su resolución: «Es preciso recordar que en la denuncia que encabeza este legajo se afirmó que el Decreto 929/13 se dictó en franca violación a lo dispuesto en la Ley 17.319 de Hidrocarburos y su modificatoria Ley 26.197, siendo sus disposiciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Nacional”.
«Es necesario señalar que la conclusión a la que arribó el Sr. Fiscal (Taiano, que desestimó la investigación) no sólo estuvo anclada en una visión estrictamente formal de los hechos, sino también parcializada, pues ha soslayado otros aspectos que fueron incluidos en la ampliación de la denuncia, como ser la falta de remisión del Decreto a la Comisión Bicameral Permanente, en violación a lo dispuesto por la Ley 26.122», añadieron.
«La totalidad de las circunstancias apuntadas son las que permiten sostener que el dictamen bajo análisis carece de validez argumental suficiente», concluye la resolución de los camaristas.
La Cámara Federal porteña reabrió una causa contra la presidenta Cristina Fernández y ordenó que avance una investigación por el acuerdo YPF-Chevron sobre el yacimiento de Vaca Muerta, tras la firma del decreto que creó el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas. La Justicia quiere saber si la Presidenta incurrió en delito por la firma de un decreto en el 2013 que estableció beneficios para las petroleras con grandes proyectos de inversión, justo antes de que la estatal de hidrocarburos YPF sellara un acuerdo con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento ubicado en Neuquén. Fuentes judiciales informaron que la Sala II de la Cámara, por mayoría, anuló un dictamen fiscal por el cual se había desestimado la denuncia que diputados del partido “Nueva Izquierda” presentaron el año pasado contra la Presidenta por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa. El fiscal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia, pero la jueza María Servini de Cubría anuló ese dictamen para que la causa se inicie, lo que ahora fue ordenado por la Cámara. LA DENUNCIA El expediente gira en torno del Decreto 929/2013 que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. “Es de destacar que el mencionado Decreto, simultáneo con la firma de un acuerdo entre la empresa YPF y la empresa multinacional Chevron (ex Standard Oil), ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta”, sostiene la denuncia que dio lugar a la causa 6842. El fiscal Taiano la desestimó en origen por considerar que no había “irregularidad o inobservancia legal”, lo que hacía “descartar la tipicidad de las conductas denunciadas”, pero Servini de Cubría modificó esa postura, en una medida avalada ahora por la Cámara. “El dictamen cuestionado no está motivado en la Ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa”, consideraron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun. Agregaron que lo dicho por el fiscal para rechazar la denuncia “sólo pone de manifiesto que, en rigor, existe -al menos- una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”. Así, para los magistrados el dictamen fiscal “carece de validez argumental suficiente” y “no cumple con las exigencias de fundamentación que el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación establece a su respecto”. Por su parte, el camarista Eduardo Farah entendió que el dictamen de Taiano debía mantenerse porque el ministerio Público Fiscal tiene “autonomía” en su rol de contralor de la Fiscalía sobre las denuncias penales. El decreto en cuestión estableció un régimen promocional para las petroleras que presenten proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos superiores a los 1.000 millones de dólares. Las firmas interesadas contarán, a partir del quinto año, el derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de combustibles líquidos y gaseosos sin pagar retenciones (alícuota del cero por ciento), en vez del 33% de retención efectiva que está vigente. Un día después de la firma del decreto presidencial, la empresa Chevron anunció que desembolsaría 1.240 millones de dólares para una primera fase de desarrollo en una zona de 20 km2 que incluye la perforación de 100 pozos en Vaca Muerta.
La Cámara Federal porteña reabrió una causa contra la presidenta Cristina Fernández y ordenó que avance una investigación por el acuerdo YPF-Chevron sobre el yacimiento de Vaca Muerta, tras la firma del decreto que creó el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas. La Justicia quiere saber si la Presidenta incurrió en delito por la firma de un decreto en el 2013 que estableció beneficios para las petroleras con grandes proyectos de inversión, justo antes de que la estatal de hidrocarburos YPF sellara un acuerdo con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento ubicado en Neuquén. Fuentes judiciales informaron que la Sala II de la Cámara, por mayoría, anuló un dictamen fiscal por el cual se había desestimado la denuncia que diputados del partido “Nueva Izquierda” presentaron el año pasado contra la Presidenta por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa. El fiscal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia, pero la jueza María Servini de Cubría anuló ese dictamen para que la causa se inicie, lo que ahora fue ordenado por la Cámara. LA DENUNCIA El expediente gira en torno del Decreto 929/2013 que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. “Es de destacar que el mencionado Decreto, simultáneo con la firma de un acuerdo entre la empresa YPF y la empresa multinacional Chevron (ex Standard Oil), ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta”, sostiene la denuncia que dio lugar a la causa 6842. El fiscal Taiano la desestimó en origen por considerar que no había “irregularidad o inobservancia legal”, lo que hacía “descartar la tipicidad de las conductas denunciadas”, pero Servini de Cubría modificó esa postura, en una medida avalada ahora por la Cámara. “El dictamen cuestionado no está motivado en la Ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa”, consideraron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun. Agregaron que lo dicho por el fiscal para rechazar la denuncia “sólo pone de manifiesto que, en rigor, existe -al menos- una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”. Así, para los magistrados el dictamen fiscal “carece de validez argumental suficiente” y “no cumple con las exigencias de fundamentación que el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación establece a su respecto”. Por su parte, el camarista Eduardo Farah entendió que el dictamen de Taiano debía mantenerse porque el ministerio Público Fiscal tiene “autonomía” en su rol de contralor de la Fiscalía sobre las denuncias penales. El decreto en cuestión estableció un régimen promocional para las petroleras que presenten proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos superiores a los 1.000 millones de dólares. Las firmas interesadas contarán, a partir del quinto año, el derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de combustibles líquidos y gaseosos sin pagar retenciones (alícuota del cero por ciento), en vez del 33% de retención efectiva que está vigente. Un día después de la firma del decreto presidencial, la empresa Chevron anunció que desembolsaría 1.240 millones de dólares para una primera fase de desarrollo en una zona de 20 km2 que incluye la perforación de 100 pozos en Vaca Muerta.
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