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La Cámara de Casación sobreseyó a Cristina y a Axel en la causa del dólar futuro

Los camaristas dijeron que no hubo delito como sostuvo la vicepresidenta.

Era la causa más política y con menos posibilidades de prosperar. Sin embargo, recién ahora, cinco años después, la Justicia decretó su cierre.

En un fallo que no sorprende, la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al restos de los “sospechosos” en la causa del dólar futuro.

La decisión la tomaron en forma unánime los jueces de la sala I del máximo tribunal penal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes entendieron que la conducta reprochada a los imputados es atípica, por lo que deben ser sobreseídos por “inexistencia de delito”.

Ese fue el argumento de CFK y de Axel: que se trataban de decisiones de materia económica, no judiciables, y que buscaban evitar una brusca devaluación.

El fallo alcanza también al extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros.

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“La maniobra que se imputa en autos, en definitiva, materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período analizado y constituye, entonces, una cuestión política cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esta Cámara compete”, consideraron Petrone y Barroetaveña.

“La pretensión del tribunal de diferir el análisis a la realización del debate oral y público en un proceso de las características del presente, cuando el nuevo dato incorporado podría ser determinante en la solución del caso, contradice el principio de economía procesal y atenta contra una correcta administración de justicia”, consideraron los dos magistrados.

Audiencia

A principios de marzo, CFK y Axel reclamaron su sobreseimiento en el marco de una audiencia virtual ante la Casación luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 les negara el sobreseimiento y decidiera, por mayoría, disponer que la causa avanzara a debate oral y público.

En aquella audiencia celebrada por Zoom, la vicepresidenta y titular del Senado aseguró que la causa se “manipuló al calor del proceso electoral” de 2015 -que concluyó con la elección de Mauricio Macri como presidente- y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que debían decidir si se hacía o no el juicio oral a que “apliquen la ley”.

La exmandataria expuso durante cerca de 50 minutos en los que repasó algunos hitos del expediente judicial, cuestionó el papel del juez Claudio Bonadio y, en un mensaje directo a los jueces que la escuchaban, concluyó: “Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley”.

En aquella exposición, que realizó desde su despacho en el Senado, la exmandataria recordó que la denuncia que dio origen a la causa  la hicieron los jefes de bloques legislativos de Cambiemos, Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), entre la primera vuelta electoral y el balotaje en el que la ciudadanía tuvo que decidir entre Macri y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Una corrida

“El 17 de noviembre de 2015, a las 12, en plena rueda cambiaria, Bonadio irrumpe con un allanamiento en el Banco Central. ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos”, continuó la expresidenta, para luego hacer hincapié en que eso ocurrió cinco días antes de la segunda vuelta electoral.

Fernández de Kirchner dedicó otra parte de su exposición a señalar que no hubo entre los suscriptores de contratos de dólar futuro “ningún amigo” de su Gobierno, sino que los que se beneficiaron con esos convenios, y con la posterior devaluación provocada por la gestión de Macri, fueron amigos del exmandatario y exfuncionarios, como Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete de Marcos Peña.

La vicepresidenta, como los demás imputados que expusieron después, invocó también el peritaje que ordenó el TOF Nº 1 y que el juez Bonadio se había negado a hacer durante la causa, en el cual los peritos Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño constataron que en aquella operatoria no había existido un perjuicio para el Estado nacional.

Después de la primera y más acalorada exposición, llegó el turno de los demás imputados y finalmente el del fiscal Raúl Plee, el único que se opuso a la cancelación del juicio: para ese momento en la transmisión de YouTube que reproducía en vivo la audiencia virtual quedaban pocos de los más 20 mil espectadores que habían visto y escuchado a la expresidenta.