El atentado sigue impune.

Por Rafael Saralegui

El juicio oral por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la sede de la AMIA que se le sigue al ex juez Juan José Galeano, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y a un grupo de ex funcionarios del gobierno de Menem -incluido el ex Presidente- está entrando en las etapas decisivas con los alegatos, que comenzaron por la fiscalía y siguieron con las querellas.

En un par de semanas será el turno de los abogados de la mutual judía y cuando anuncien para quiénes pedirán penas y para quienes no es probable que se genere mucho ruido.

Los abogados que representan a la mutual judía destruida en 1994 por una camioneta Trafic cargada con explosivos, que mató a 85 personas, ya tiene decidido que no van a acusar a los ex fiscales y al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, quien también está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal N°2 desde hace más de dos años. Aún están definiendo que van a hacer con el resto de los imputados.

La decisión va en sintonía con la querella del Ministerio de Justicia, que no acusó a los ex fiscales, aunque sí al ex juez. Esa decisión generó revuelo porque significó un cambio en la postura de la querella desde que comenzó el proceso. El correlato fue la disolución de la Unidad AMIA que funcionaba en el Ministerio y que estaba dirigida por el radical Mario Cimadevilla.

Cimadevilla y Garavano nunca se llevaron bien. Eso no eran un secreto para los dirigentes de la comunidad judía, ya que en cada reunión eran recibidos en forma separada por los funcionarios. Era evidente que no compartían la misma visión del caso y el ministro se terminó por imponer. Cambió a los abogados y no hubo acusación a los fiscales.

Los letrados de la AMIA creen que en el transcurso de los dos años de juicio no se pudo probar que hubo encubrimiento y que desvió la llamada pista siria. Están convencidos de que todo es cómo se dijo en un principio: la AMIA fue destruida por una Trafic que el ex reducidor de automóviles Carlos Telleldín entregó a un grupo de policías encabezados por el ex comisario Juan José Ribelli. Insisten en que fueron parte de la llamada conexión local de un atentado ejecutado por el Hezbollah, por orden del gobierno de Irán.

El primer juicio oral terminó con todos ellos absueltos en 2004 por decisión del Tribunal Oral Federal N°3, que resolvió que la investigación era inválida luego de que se supiera que la ex SIDE había pagado 400 mil dólares a Telleldín para acusar a los ex policías. El razonamiento en la AMIA es que se le pagó a Telleldín para que dijera la verdad y no para que mintiera.

El dinero supuestamente lo iba a usar para sacar a su familia del país. En el nuevo juicio los abogados de la AMIA creen que Telleldín y los ex policías, que participan como querellantes, actúan en tándem, como si fueran un equipo. Pese a que todos ellos estuvieron ocho años presos justamente por los dichos de Telleldín.

Los abogados addmiten que el pago fue “irregular”, pero creen que en la causa igual había evidencias para acusar a Telleldín y a los ex policías. Y destacan algo paradójico: en mayo de 2009 la Corte Suprema de Justicia resolvió que era incorrecto anular toda la causa y que Telleldín debería volver a ser juzgado como partícipe del atentado, mientras que los ex policías debían ser juzgados por los delitos conexos que se habían descubierto, como extorsión, apremios ilegales y el secuestro del propio Telleldín y su esposa. El dictamen de ese fallo de la Corte había sido firmado por Eduardo Casal, el fiscal que actualmente está a cargo de la Procuración, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en diciembre del año pasado.

El razonamiento de los letrados de la AMIA es que durante estos dos años no se pudo probar que a Telleldín se le haya pagado por mentir y menos aún que los ex policías hubieran sido involucrados en la causa a sabiendas de que eran inocentes. Y que si entonces hubiera existido la ley del arrepentido todos los policías hubieran sido condenados.

Admiten que algo extraño hubo cuando se frenó el allanamiento de una propiedad de Alberto Kanoore Edul, un hombre allegado a la familia del ex presidente Menem. Siempre se dijo que un hermano de Menem, Munir, se había reunido en la Casa Rosada con Kanoore Edul, pero consideran que esas probables irregularidades no constituyen lo que se dio en llamar “la pista siria”. “Kanoore Edul siempre siguió siendo investigado. Se lo dio vuelta como una media y nunca se le pudo encontrar nada”, dicen allegados a la querella.

Los abogados recuerdan que durante el debate se pudo ver el famoso video en el cual Telleldín habla con el juez Galeano y le cuenta como lo apretaban los policías bonaerenses. Y cuando le exhiben una serie de fotos dice “pero acá Ribelli no está, falta Ribelli”. El comisario era en aquella época uno de los más pesados de la Bonarense y se decía que su destino era la jefatura de la fuerza.