Los presidentes de las dos principales entidades que representan a la colectividad judía en la Argentina rechazaron la creación de una comisión integrada por juristas en representación de Irán y de nuestro país para revisar lo actuado en la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA.

Los presidentes de la AMIA y la DAIA, Guillermo Borger y Julio Schlosser, respectivamente leyeron hoy un comunicado para referirse al acuerdo firmado entre Irán y la Argentina, que prevé que los acusados iraníes de haber participado en el atentado sean interrogados en ese país por el fiscal y el juez argentinos a cargo de la causa.

El acuerdo fue firmado por los cancilleres de los dos países.

La declaración no objeta que los acusados sean interrogados en su país, algo que tiene ancedentes en otras causas penales, sino la creación de una comisión para evaluar la investigación. La comisión estará formada por dos juristas elegidos por Irán, dos por la Argentina y el quinto designado en acuerdo por los dos países.

El texto completo de la declaración, es el siguiente:

“La conformación de una “comisión de la verdad” no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal, lo que implicaría una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que se llegó en la investigación judicial, y que dieron lugar a los pedidos de captura de INTERPOL, no son “la verdad”.

“Tengamos presente la tarea de nuestros fiscales y las votaciones de la SECRETARÍA y la ASAMBLEA GENERAL de INTERPOL que dieron curso a los pedidos de captura y a las CIRCULARES ROJAS.

“Cabe recordar que en aquella oportunidad, la comisión de asuntos jurídicos de INTERPOL, ante la destacada labor de los fiscales argentinos que expusieron en esa oportunidad, resolvió que las pruebas eran suficientes y aptas para requerir las capturas.

“Ignorar todo lo actuado por la justicia argentina y reemplazarlo por una COMISION que, en el mejor de los casos, emitirá, sin plazo definido, una “recomendación” a las partes, constituye, sin dudas, un retroceso en el objetivo común de obtener justicia.

“Cualquier COMISIÓN a crearse no puede tener otra función que la de controlar o fiscalizar la legalidad de las indagatorias.”

La investigación llevada adelante por el fiscal Alberto Nisman acusó en 2006 al gobierno de Irán por ordenar el atentado, que supuestamente fue ejecutado por la milicia armada del Hezbolah. El fiscal dijo en su momento haber identificado al conductor suicida de la camioneta Trafic que explotó contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, y que mató a 85 personas.

El 7 de noviembre de 2007, la asamblea general de la Interpol, el organismo que reúne a la policías de todo el mundo, dispuso emitir una circular roja para ordenar la caputura de los iraníes acusados por el fiscal Nisman y cuyas detenciones había solicitado el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

La circular roja daba prioridad a la búsqueda del ex ministro de Seguridad Alí Fallhijan, el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex comandante de las fuerzas QUDS Ahamad Vahidi, el ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohnsen Rabbani, y el ex tercer secretario de esa embajada, Ahmad Reza Ashgari.

El acuerdo entre la Argentina e Irán fue firmado el domingo por por los cancilleres de ambos países, Timerman y Alí Akbar Salehi, en el marco de la reunión de la Unión Africana. El acuerdo fue anunciado por la Presidenta Cristina Fernández, ayer a la mañana, por Twitter: “Histórico. Por primera vez, a casi 19 años del atentado, se logra un documento legal de DERECHO INTERNACIONAL entre Argentina e Irán”.