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Justicia por Marita

Por Mabel Bianco*

A un año de la sentencia que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que dio lugar a los recursos presentados y revocó las absoluciones de varios de los imputados.

“Celebro esta decisión que solo hace justicia”, opinó Mabel Bianco, presidenta de FEIM, y aseguró: “esto nos hace recuperar la confianza en la justicia”.

El máximo tribunal provincial declaró la responsabilidad penal a 10 personas, consideradas responsable de retención y ocultamiento agravad para el ejercicio de la prostitución y partícipes de integrar una red de trata de personas, incluido quien “compró” a la joven, un “encargado” del prostíbulo y un ex policía responsable de los traslados.

En la sentencia la Corte Suprema provincial sostiene lo que las organizaciones de mujeres veníamos reclamando hace tiempo: que “no se pueden ponderar las pruebas del presente caso sin una perspectiva de género en el análisis y abordaje de los hechos que involucran el fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual”. “La violencia contra la mujer y la trata de personas con fines de explotación sexual, no constituyen fenómenos aislados, sino que resultan el producto de una violencia estructural que impregna todo el tejido social”, dice el fallo.

Los jueces reprochan además la actuación del juez Daniel Enrique Moreno del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional n° 2 de la provincia de La Rioja, porque “rechazó arbitrariamente el allanamiento en las whiskerías solicitado por el Juez Manuel Pérez de la provincia de Tucumán mediante el exhorto nº 38 -de carácter urgente por su naturaleza-, en donde se podría haber encontrado a María de los Ángeles Verón”.

En su reflexión final, el máximo tribunal afirma que el caso Marita Verón “evidenció las graves falencias del Estado para investigar, perseguir y sancionar este flagelo. En una trágica combinación de complicidad e ineficiencia, las policías provinciales y algunos operadores judiciales facilitaron y permitieron dilaciones que hicieron más ardua la tarea de llegar a quienes someten y violentan a jóvenes indefensas pertenecientes, en su gran mayoría, a sectores marginales y desprotegidos de la sociedad”. Además, la sentancia señala “la urgente necesidad de que los empleados, funcionarios, fiscales y magistrados se encuentren más consustanciados con los valores democráticos a partir de una sólida formación en derechos humanos y, en particular, una perspectiva de género”.
*Presidenta de  FEIM.

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