Zaffaroni, con Julián Alvarez y Boudou.

La organización Justicia Legítima pidió que se instrumente cuanto antes el sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal y además pidió que se no demore en cubrir la vacante de la Corte Suprema de Justicia tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni.

En un pronunciamiento titulado «Declaración de fin de año», la agrupación que surgió hace dos años cuando el Gobierno buscó llevar adelante la frustrada «democratización de la Justicia», pidió además que desde el Poder Judicial se democratice el ingreso de trabajadores.

Los párrafos más salientes de la declaración son los siguiente:

«- Que con carácter urgente se implemente el modelo acusatorio y democrático consagrado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Queremos asegurar un servicio de justicia transparente y en tiempo oportuno. La actuación de los jueces y del ministerio público no puede provocar demoras ni prescripciones en las causas, como sucediera en el desdichado ejemplo del Colegio Ecos, ni hacer eternos los procesos. Una justicia tardía no es justicia.

«- Que la vacante que deja el Dr. Eugenio Zaffaroni sea la oportunidad para generar un nuevo paradigma en la estructura, integración y procedimiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde JUSTICIA LEGÍTIMA reafirmamos que la mayor participación ciudadana en la composición de los tribunales favorece la idea de legitimidad de las decisiones del Poder Judicial. La Constitución Nacional prevé un cuerpo colegiado como cabeza del Poder Judicial, para que sea expresión la diversidad de la sociedad a la que debe juzgar. Así, a lo largo de la historia la Corte cambió el número de sus miembros en varias oportunidades, que nunca hasta ahora fue de menos de cinco ni de más de nueve. La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones. Cuantas más ideas más democracia. En este caso más es mejor.

«- Que el Poder Judicial, como ya lo hicieran la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, cumpla de inmediato con el ingreso democrático, plural e irrestricto. Una vez más insistimos en que abrir las puertas de los tribunales al mayor número de aspirantes más allá del apellido, de la condición social o económica o de las creencias religiosas o políticas es una condición necesaria en el camino de una mejor sociedad.

«- Que se amplíen y profundicen iniciativas destinadas a capacitar desde nuevas perspectivas a operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los intereses populares y los derechos humanos, como la que representa la Escuela del Servicio de Justicia creada por Resolución conjunta de los Ministerios Públicos de la Nación.»