Por Alejandro Bercovich

La conmoción que generó en el cuartel general del FMI que se marchitaran tan rápido los brotes verdes que regó con 44.000 millones de dólares durante el último año y medio del mandato de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la selección de los enviados de Kristalina Georgieva que aterrizaron esta semana en Buenos Aires. 

El colapso trocó también los interlocutores que eligió el Fondo para conocer la profundidad de la crisis. A la Unión Industrial Argentina (UIA), que no habían escuchado nunca desde su súbito regreso al país en abril de 2018, la citaron ayer para conversar en el Hilton. Su jefe, Miguel Acevedo, trató de hacer equilibrio.

-Sabemos que la situación es difícil pero vemos bien la potencialidad de una recuperación. El tipo de cambio está bien. Alcanza. No hay que pagar deuda, no hay stock frenado de importaciones. Sí hacen falta acuerdos básicos en la política -dijo.

Casi sin interrumpirlo -intérprete mediante- asentía Julie Kozack, la número dos del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Aunque sigue formalmente como director para evitar un conflicto supranacional, el argenmex Alejandro Werner debió cederle a ella el timón apenas asumió Georgieva. Fue un gesto al gobierno argentino, para no forzarlo a renegociar el plazo de repago de esos 44.000 millones con los mismos funcionarios que tomaron la decisión de entregárselos a Macri, en plena campaña electoral y pese a que sus estatutos le prohibían (y le prohíben) financiar a economías que experimenten severas fugas de divisas.

Es lo mismo que pasó con el italiano Roberto Cardarelli, el encargado del caso argentino eyectado por Georgieva y reemplazado de un plumazo por el venezolano Luis Cubeddu. Pero por la relación que tejieron con ella durante la renegociación de la deuda con los privados, la preferida de Martín Guzmán y del director por Argentina en el FMI, Sergio Chodos, es Julie. La «compañera Kozack», como la llaman en broma entre ellos.

Oriunda de New Jersey y menos consustanciada que otros burócratas del Fondo con los intereses de los ejecutivos de Wall Street, a los que incluso alguna vez contó que desprecia por petulantes, Kozack exhibe su experiencia en Islandia como un diploma de heterodoxa pragmática. Entre 2009 y 2012 fue la encargada de supervisar el rescate financiero al país de Björk y los esquimales, donde por primera vez el FMI avaló un cepo cambiario estricto. Tras derretirse peor que la Argentina con Macri, la economía islandesa salió a flote.

En Economía dan por hecho que Georgieva avalará la refinanciación de la deuda antes de marzo, cuando opera el primer vencimiento con el Club de París, atado al Fondo. La pregunta es qué exigirá a cambio. La compañera Julie no dio muchas pistas. En todo momento aclaró que no tenía mandato del directorio para negociar nada. Incluso los industriales llegaron a preguntarse para qué había decidido viajar, en plena pandemia.

Flexibles

Dos de las preguntas que les hizo Kozack a los popes de la UIA y a Matías Kulfas sí pueden servir como anticipo de las condiciones que impondrá Georgieva, su jefa, a la hora de reprogramar los plazos de pago de la deuda que dejó como herencia Macri. Una fue sobre la reciente Ley de Teletrabajo, que en la reunión con la UIA le dio pie a Daniel Funes de Rioja para hablar 20 minutos sobre la necesidad de leyes laborales más flexibles. 

La otra, sobre la empresa pública que administrará la concesión de la Hidrovía del Paraná, que Fernández anunció que será compartida entre la Nación y las provincias con ribera a ese río. Un cambio que puede leerse desde Washington como una estatización. O peor, como otro avance de China en el manejo de un recurso natural estratégico en Latinoamérica.

Son dos temas sobre los cuales el FMI no parece haberse movido de sus posiciones históricas, al menos en el documento que acaba de publicar su staff en Brasil tras concluir la revisión anual que prescribe el Artículo IV de su estatuto. «Se sigue necesitando un renovado impulso para aprobar una reforma fiscal integral, finalizar acuerdos comerciales con la UE y otros socios comerciales y acelerar el ritmo de nuevas concesiones y privatizaciones», le recomendó allí a Jair Bolsonaro.

La ortodoxia fiscal del Fondo también luce intacta. El mismo reporte del staff sobre Brasil fechado este lunes reivindica «la reforma previsional histórica que estabilizó el gasto en pensiones como porcentaje del PBI». Ese deber, podría decir Guzmán, ya está cumplido acá con el fin de la movilidad automática. Pero el texto también le reclama a Bolsonaro que recorte gradualmente la Ayuda de Emergencia, su versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): «Con cerca de 10 veces el costo anual del plan Bolsa Familia (la asignación por hijo vecina), la Ayuda de Emergencia fue demasiado grande dado el espacio fiscal disponible».

Sobre que no preguntaron demasiado los enviados del Fondo, curiosamente, es sobre las reservas del Banco Central. «Era como si estuvieran esperando que les pidiéramos plata fresca nosotros», contó a BAE Negocios uno de los ministros que los recibió. Es lo que sí pidió Lenin Moreno en Ecuador, por caso, pero que lo obligará a un severo ajuste fiscal el año próximo. En el Gobierno aseguran que los casos son distintos y que el FMI le está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, mientras gana tiempo hasta que se defina quién ocupará la Casa Blanca -y por ende el Tesoro, y por ende el Fondo- los próximos cuatro años. «En Brasil está (el ultraortodoxo Paulo) Guedes, quizá incluso eso del ajuste lo pidió él», arriesgó otra fuente. Es lo que hacía Nicolás Dujovne en la época de Cardarelli.

Aceitosos

Mientras tanto, el equipo económico aguarda que los aceiteros y acopiadores de cereales cumplan con su parte del pacto que se coronó con la rebaja temporaria de retenciones de la semana pasada. Pero algunos lamentan que, al haber habido tantos interlocutores distintos del lado oficial, las concesiones que hizo el Estado no vayan a fructificar en la ansiada liquidación de divisas por parte de ese sector exportador.

La más promocionada de esas concesiones fue la rebaja de tres puntos de las retenciones a la exportación de soja, pero la más importante para las multis del sector fue la restitución del diferencial entre las retenciones que paga el grano sin procesar y sus subproductos (harina, aceite y pellets). Ese diferencial fue el que motivó a esas multis a montar el complejo de crushing más importante del mundo, justamente a la vera del Paraná. «Eso no se los estamos cobrando. Ahora vienen por la carne y la leche y es lógico que lo hagan, pero son otros tipos», protesta uno de los que creen que otra vez hubo torpeza en la implementación.

¿Dicen la verdad los industriales aceiteros cuando le aseguran, como Gustavo Idígoras a Kulfas anteayer, que son los productores los que no entregan sus granos? ¿Cómo puede ser que se hayan cosechado 50 millones de toneladas y queden sin liquidar 17 millones y los productores tengan apuro por entregarlos? ¿Qué margen de rentabilidad tiene un agronegocio que puede darse el lujo de retener indefinidamente el excedente después de liquidado el grano necesario para los gastos de la siguiente siembra?

Es lo que ahora buscará testear el Banco Central con sus medidas de ayer. El directorio sacó al agronegocio de los sectores elegibles para créditos a tasas subsidiadas y lo limitó a los sectores castigados por la pandemia. Miguel Pesce sospecha que parte del poder para demorar la liquidación emana del crédito en pesos a tasas negativas que tomaron el año pasado (y que seguían tomando este año) las empresas del campo.

¿Nestorismo con brecha?

Lo difícil será maniobrar la reconstrucción con tantas variables cruzadas. Es el principal escollo para revivir aquella economía pujante del primer kirchnerismo, con sus sueldos bajos pero también con su superávit fiscal y sus tasas chinas. Hoy la economía se convirtió en un archipiélago donde algunas islas están reactivándose a toda velocidad y otras no salen del pozo. Lo prueban los números de septiembre, con la mejor producción de autos desde febrero de 2019, la venta de motos 49% por encima de un año atrás, la de cemento mayor en 13 meses y la de materiales para la construcción en un récord desde 2017. La contracara de los cines, teatros, gimnasios y restaurantes.

Tampoco es casual. Tal como consigna el último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), que dirige Daniel Schteingart, los grandes perdedores son los servicios ligados a la vida fuera del hogar, que pasaron de explicar el 17% del gasto promedio de un hogar a sólo el 7%. La demanda se achicó, pero además se reorientó.

Los industriales manufactureros ven ahí la veta. Mucho más nítida que los aceiteros, por ejemplo. Muchos compran máquinas y queman ahorros para hacerlo, pensando en aquel tan rentable primer kirchnerismo. Los que pican en punta son los textiles. Pero otros sucumben a inquietudes propias de su clase social, como la que genera el impuesto a las grandes fortunas. A ellos quizá les habló la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, cuando aclaró ayer que «de ninguna manera el aporte extraordinario va a llevar a algunos de los que tendrán que pagarlo a vender sus campos, su ganado ni sus maquinarias». Sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte, dijo Marcó del Pont, solo el 2,4% declara inmuebles rurales. Y ellos mismos tienen disponibilidades líquidas y financieras 25 veces superiores al aporte que deberían pagar.

Al menos son trapitos que se ventilan en casa: a la misión del Fondo Monetario, los popes de la UIA no le hablaron de ese impuesto. Tal vez porque ya lo consideren demasiado tarde.

Fuente: BAE