Por Hugo Alconada Mon

La Casa Rosada evalúa optar por el atajo. O dicho de otro modo: el presidente Mauricio Macri debate con un puñado de asesores si puede echar por decreto a la procuradora Alejandra Gils Carbó . Sería un grave error.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , negó el martes que Macri evalúe desplazar a Gils Carbó por decreto. Pero la opción sigue allí, latente. El diputado y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, redactó el primer borrador allá por diciembre de 2015 y desde la Casa Rosada le pidieron una nueva versión de ese texto hace un par de semanas.

Ese ordenamiento jurídico completo muestra que el mecanismo para destituir a Gils Carbó es el juicio político previsto en la Constitución. Es decir, que debe ser acusada ante la Cámara de Diputados de la Nación, que esa acusación debe ser aprobada por dos tercios de los votos presentes en esa Cámara y que luego el Senado también debe aprobar su caída con el mismo umbral de votos: dos tercios de los presentes.

Uno, ¿para qué lo votaron a Macri quienes optaron por él en 2015? Para cambiar el país, esperanzados en que la Argentina sea, al fin, «normal». ¿Qué significaría «normal»? Un país donde impere el Estado de Derecho, donde las instituciones estén por encima de sus ocupantes transitorios, donde un presidente no pueda hacer lo que le plazca con su sola firma, donde invertir no equivalga a jugar a la ruleta porque las reglas pueden trastocarse de la noche a la mañana. Porque este es el país donde el Congreso, por ejemplo, votó que los depósitos eran «intangibles» y todos comprendieron entonces que se venía la debacle.

Dos, porque Macri ya tropezó con esa piedra. Ocurrió cuando recién se acomodaba en la Casa Rosada. Intentó designar por decreto a dos ministros de la Corte Suprema. Se asesoró mal. Y chocó contra la pared. Del mismo modo que también intentó recurrir a un atajo para subir las tarifas sin convocar a las audiencias públicas. Y chocó contra otra pared. Y en ambos casos, ya sabemos cuál fue el resultado final: debió volver sobre sus pasos tras haber dilapidado capital político.

Tres, porque impulsar la remoción por decreto de un procurador -más allá de quién sea- abre la puerta a un factor riesgosísimo: el precedente. ¿Por qué no podría el próximo presidente echar al nuevo procurador o al presidente del Banco Central o a la defensora General de la Nación? ¿Por qué no, también, a algún fiscal? La remoción de todos esos y otros muchos cargos tampoco está prevista en la Constitución, por lo que se encuentran a «tiro» de decreto.

Cuatro, porque daría una pésima señal a los inversores. Si este gobierno quiere atraer capitales, ¿acaso cree que echar por decreto a la cabeza de todos los fiscales será leído como una señal de estabilidad y seguridad jurídica por aquellos a los que les pedimos que inviertan fortunas que tomarán décadas generar ganancias?

Cinco, porque en cierta forma convalidaría aquel otro atajo que, hace tiempo y en Santa Cruz, el kirchnerismo utilizó para desplazar al procurador de la provincia, Eduardo Sosa, y marcar la impronta que extendería luego a nivel nacional.

Macri afronta, pues, una encrucijada. O destituye por decreto a Gils Carbó o se concentra en consensuar su juicio político con otras bancadas. Puede que no llegue a los votos necesarios como ya le ocurrió con su reforma electoral. De ser así, al menos le servirá para mostrarles a sus votantes que su gobierno quiere ir en la buena dirección del verdadero cambio, mientras que otros sólo promueven el gatopardismo.

Si opta por un decreto, por último, los asesores de Macri le habrán ocultado información si no le informan la batalla judicial que afrontará. Porque Gils Carbó ya anticipó que buscará detener su caída, acaso por la vía de un amparo, mientras que el Presidente cosechará una denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y, peor, por avanzar contra los artículos 29 y 36 de la Constitución Nacional.

¿Los votantes de Cambiemos lo escogieron para eso?

Fuente: La Nacion