Por Javier Sinay.
Ha regresado. El juez Roberto Gallardo –que supo representar un dolor de cabeza para el jefe de gobierno Mauricio Macri y que probablemente vuelva a representarlo- está de nuevo al frente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 2, luego de renunciar al cargo de defensor general adjunto porteño con una carta que explicaba su decisión en torno a “la batalla por una justicia comprometida con los intereses nacionales y populares (que) se da con mayor profundidad en los tribunales”. “En esa carta no dije nada nuevo”, asegura ahora, ante Crimen y Razón. “Yo vengo sosteniendo este discurso en minoría y bastante soledad desde el año 1994. Los que la leyeron saben que sólo es una ratificación. Por cierto, a muchos les desagrada. Otros suscriben y apoyan. Afortunadamente, este segundo grupo ha crecido en los últimos años”.
Gallardo, que se enrola en un grupo de jueces cercanos a los sectores más relegados, dictó –desde la época de Aníbal Ibarra- varios fallos en contra de la administración porteña. Y pagó su precio: siete denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron por destino el archivo. Ahora, luego de que la Legislatura aprobara su designación, Gallardo vuelve junto a otros trece jueces al fuero Contencioso, Administrativo y Tributario (que entiende en las cuestiones en las que la ciudad es parte), donde hasta el mes pasado sólo siete juzgados –de un total de quince- estaban regenteados por sus correspondientes jueces.
“A grandes rasgos, creo que hay jueces que cumplen con su función sin concesiones y otros que confunden su rol y son contemplativos o mediadores”, sigue. “Los que pertenecemos al primer grupo pagamos el precio de nuestra conducta todos los días. Pero es lo que queremos hacer y lo hacemos con orgullo y pasión. Los otros defraudan a la sociedad con su falso rol y se asustan cuando se habla de una ‘nueva justicia’ en la que no tienen espacio. En cuanto a los jefes de gobierno, Mauricio Macri es un patrón de estancia y se comporta como tal con la Justicia; ya lo he sostenido en varias oportunidades. Su antecesor, Aníbal Ibarra, no soportó el control judicial, pese a ser un judicial. En su breve mandato, Jorge Telerman actuó con prudencia y acatando decisiones. Es un hombre formado y prefiere dialogar y concensuar: claramente el mejor de los tres en su relación con la Justicia”.
– ¿Qué opina de la reforma del sistema judicial?
– Reformar el sistema judicial es una necesidad. La institución Justicia tiene en la Argentina una conformación, integración y códigos no escritos de funcionamiento, que se corresponden con principios del siglo pasado. Esa es su matriz: elitista, autoritaria, ininteligible, suprema y formalista. Si tenemos en claro que las instituciones no son sino la sumatoria de las conductas de los hombres que las integran, es obvio que para cambiar este perfil se debe incidir en forma directa en la composición humana de la Justicia; ello es, quiénes ingresan, quiénes ascienden y quiénes son los que se van de su estructura. Esas determinaciones no pueden seguir quedando en manos de las corporaciones y en ese contexto la reforma planteada me parece auspiciosa.
– ¿Cómo repercute esa reforma sobre los sectores más relegados?
– Si las reformas propuestas son bien aplicadas y los cargos del Consejo de la Magistratura se cubren con personas honestas y comprometidas con una mutación sustancial del Poder Judicial, se habrán dado las condiciones para que el sistema se encamine a ser efectivamente accesible para los pobres. Hoy lo es sólo en términos nominales en la mayor parte de las jurisdicciones. La Justicia que cree en la igualdad de los contrarios en un pleito, prescindiendo de las reales condiciones de cada uno, sólo reproduce las desigualdades y deja a los pobres afuera del sistema. No habrá Justicia real hasta que no exista una verdadera discriminación inversa, potenciando a los sectores pobres por sobre los concentrados de riqueza.
– ¿La Justicia está pensada para beneficiar a los ricos?
– La Justicia está escrita en general por los sectores poderosos. Ellos tienen legisladores, juristas y académicos enrolados para servirles. Y lo hacen muy bien. Los pobres no tienen voz en el Poder Judicial. Sin embargo son más de la mitad de los habitantes del país… qué paradoja, ¿no? Ahí está la respuesta a su pregunta. Para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más cantidad y más pobres, es necesaria una lógica que, oculta tras las formas democráticas, posibilite ese statu quo. La Justicia es un eslabón estratégico de esa dinámica.
– En su carta de renuncia a su puesto como defensor, usted habló de una “justicia comprometida con los intereses nacionales y populares”. ¿De dónde vienen las principales trabas para desarrollarla?
– La principal traba es, a mi juicio, formativa, y sobre ella hay que operar. El compromiso con lo nacional y lo popular, es decir, con nuestra patria y nuestro pueblo, es algo que parte de nuestras experiencias históricas y de los paradigmas con los que somos formados. Si la formación universitaria de grado, pública y para abogados, sigue poniendo el énfasis en los derechos individuales liberales, en la libertad de mercado, en la visión ingenua del derecho internacional público y en la “legalidad” de las formas de expoliación internas y externas, es muy difícil que el profesional egresado tenga algún nivel de compromiso nacional y popular. Su única meta será el “honorario” y su único éxito, el ascenso social por sobre los demás.
– ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta hoy la Secretaría de Villas? ¿Ya ha retomado sus funciones allí?
– Desconozco cuáles son porque, a un mes de haberme reintegrado, el macrismo ha obstruido sistemáticamente la devolución de los expedientes que la componen, lo que impidió en la práctica que yo me hiciera cargo de los temas de los barrios más postergados de la ciudad.
– ¿Piensa usted que el juez Gallardo es un dolor de cabeza para Macri?
– Para que pueda doler, primero hay que tener.