Ricardo Jaime vive horas decisivas para su futuro procesal. Recluido en algún lugar de la Capital Federal, convive entre dos posiciones enfrentadas: el Gobierno le pide que se entregue lo más rápido posible al juez Claudio Bonaío mientras que su abogado Andrés Marutián le recomienda que no aparezca hasta que la Cámara Federal levante la orden de prisión firmada por el juez.
Hoy Bonadío elevó la apelación presentada por la defensa del ex scretario de Transporte a la Cámara donde será la Sala I la que entienda la cuestión. Estos camaristas ya han entendido sobre temas relacionados con Jaime y lo favorecieron al momento de anular evidencias en su contra, como por ejemplo, una serie de emails.
Bonadío sabe que el sábado por la mañana Jaime estuvo en Córdoba. Así se lo transmitió la policía de dicha provincia. El viernes por la noche ya se había profugado. El juez cree que la Policía Federal no está cooperando, maneja la idea de que Jaime está en Buenos Aires y nunca pensó, como sugirió el fiscal Carlos Rívolo, que podía haber escapado a Brasil.
Desde el Gobierno la situación es monitoreada por Rafael Llorens, jefe de Legales del Ministerio de Planificación Federal. Este abogado ya ha transmitido a Marutián el deseo del oficialismo: Jaime tiene que entregarse cuánto antes para evitar que la saga policial de su búsqueda siga acumulando tapas del diario Clarín, la peor publicidad en tiempos de campaña.
Pero Jaime, que vive un encono ya personal con Bonadío, tal como dijo en un mail que se conoció hoy, recién se entregaría cuando la Cámara revoque la decisión del juez. Este lo declaró en rebeldía, con lo cual, en cuanto los efectivos lo encuentren pueden apresarlo en el acto.
El problema para el kirchnerismo es que Bonadío no se detendrá. Ordenará nuevas búesquedas, intervendrá teléfonos, ha hecho de esta búsqueda un tema personal. La otra complicación es la feria de invierno, que podría dilatar la resolución de la cámara hasta agosto, cuando ya falte demasiado poco para las elecciones primarias.