La Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencia para el próximo 30 de junio a las 11 para dar a conocer su decisión sobre la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.

La resolución del planteo estaba prevista para ayer, pero dos de los tres camaristas de la Sala I del Tribunal, Luis Cabral y Ana Figueroa (el tercero es Juan Geminiani) no habían completado sus votos.

Esta mañana, en declaraciones radiales, Figueroa había anticipado que la cuestión sería resuelta dentro del corriente mes, con lo que salió al cruce de especulaciones periodísticas que señalaban que el 30 de junio cambiaría el régimen de subrogancias en el máximo tribunal penal del país.

Las partes habían sido convocadas para el lunes a mediodía, pero fue entonces cuando, ante la falta de los votos de Figueroa (presidente de la CFCP) y Cabral, se decidió «suspender» la audiencia que había sido anunciada con más de un mes de anticipación.

El planteo tomó estado judicial cuando representantes de la AMIA y la DAIA pidieron, mediante una acción de amparo, que se declarara la inconstitucionalidad del Memorándum.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa por el ataque a la mutual judía, rechazó el pedido y, como lo pidió el Ministerio de Justicia de la Nación, declaró la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, pero la Sala I de la Cámara de ese fuero revocó el fallo y se expidió en sentido contrario.

Ayer, cuando se supo que la audiencia iba a ser postergada, el titular de la DAIA, Julio Schlosser, junto al abogado querellante Miguel Bronfman, presentaron un pedido de «pronto despacho» ante la sala I de la CFCP, por lo que consideraron el «excesivo tiempo» transcurrido sin decisión judicial.

Geminiani, Figueroa y Cabral deben resolver si declaran la constitucionalidad del memorándum o ratifican el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

El Memorándum de Entendimiento entre el gobierno argentino y el de la República de Irán se firmó el 27 de enero de 2013 durante la XX Cumbre de Países Africanos, en Etiopía. Un mes después el Congreso nacional convirtió al acuerdo en ley.

El acuerdo tiene nueve puntos, que prevén la creación de una Comisión de la Verdad integrada por juristas internacionales para colaborar con la investigación.

También se prevé la posibilidad de que representantes de la Justicia argentina puedan interrogar a los sospechosos iraníes, sobre quienes pesa una orden de captura de Interpol.