La jueza se enojó con la policía.

La jueza Gabriela López Iníguez, quien ordenó el desalojo del predio «Papa Francisco», investigará a la Policía Metropolitana, a cargo de ejecutar su orden, por no haber desocupado un sector específico en el que residían personas sospechadas de cometer delitos.

La jueza, a través de un comunicado, aseguró que «esta omisión resulta inexplicable» porque «estaba perfectamente descripto en la orden de allanamiento que el desalojo debía extenderse entre las calles Pola y Escalada».

Indicó en este sentido que desde su juzgado nunca se especificó que el desalojo debía hacerse «hasta una línea imaginaria trazable a la altura de lo que sería la calle Corvalán», tal como surgen de órdenes que impartió la Policía Metropolitana al momento de ejecutarse la desocupación.

La magistrada aseguró que el sector no desalojado «es el que justamente el fiscal Carlos Rolero denunció en la causa como el más problemático, en donde según los dichos de vecinos del asentamiento, radicarían los focos delincuenciales vinculados a la tenencia ilegal de armas y al comercio».

A ese sector la jueza lo delimitó como «el pequeño predio que se extiende a modo de pasillo entre la línea imaginaria que delinea el paredón de la Policía Federal Argentina perpendicular a la avenida Fernández de la Cruz y la calle Escalada, encerrado por un lado por el borde de la manzana 30 de la Villa 20 y por el otro por el otro paredón del predio que ocupa aún la PFA».

En este sentido, puntualizó que «ni los integrantes del equipo fiscal ni el fiscal general de la Ciudad se han comunicado con el juzgado para explicar las omisiones señaladas».

«Tampoco se ha elevado al juzgado, pese al tiempo transcurrido, y los reclamos telefónicos efectuados, el acta de la Policía Metropolitana dando cuenta del procedimiento», sostuvo la magistrada.

López Iñiguez aseguró que sólo cuenta «con el oficio dictado por Gendarmería Nacional informando la entrega del predio».

La jueza aseguró que estos hechos son «de gravedad institucional evidente» especialmente porque ellos «no encuentran explicación alguna ni correlato con las órdenes impartidas».

La jueza aseguró que «sin perjuicio de lo que procesalmente corresponda a este respecto, iniciará una investigación de los hechos para determinar las razones por las cuales las autoridades a quienes se les expidió dicha orden, decidieron dar por concluido de este modo el procedimiento»