El fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N°49, apeló la resolución del juez Pablo Raúl Ormaechea en la que se declaró la incompetencia del fuero para intervenir en la causa por el intento de soborno durante el juicio por el asesinato del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y que enviaba la investigación a la justicia federal. Además, el representante del Ministerio Público reiteró el pedido para que se realicen una serie de medidas con el objetivo de determinar el rol que tuvieron los jueces de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo.

El lunes 19 de mayo, Ormaechea firmó la resolución en la que consideró que “mutó” la plataforma fáctica de los hechos y aseveró que la posible “composición irregular” de la sala de feria del tribunal de alzada constituyó una afectación al normal desenvolvimiento de un órgano incuestionablemente federal, con consecuencias no sólo para la causa en cuestión, sino para todos los procesos del país.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que no puede ignorarse que las cámaras de apelaciones de los fueros ordinario y de excepción se pronunciaron, de modo convergente, a favor de la competencia de la justicia nacional de instrucción para intervenir en estos hechos.

El titular de la Fiscalía Criminal de Instrucción N°49 aseguró que “tanto el espectro fáctico como el número de imputados se mantuvieron incólumes desde la previa controversia acerca de la competencia para entender en la investigación”; y que «la reedición de la discusión es extemporánea e improcedente”. Azzolín puntualizó que la decisión del juez «atenta contra el principio de estabilidad de la competencia, a la vez que produce un estéril dispendio jurisdiccional en detrimento del adecuado funcionamiento del servicio de justicia”.

El fiscal además insistió con las medidas solicitadas en octubre pasado, antes de que se debatiera la cuestión de competencia:

– Tomar testimonio a la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, Ángela Ledesma.
– Tomar testimonio a empleados de la vocalía de Riggi y de la que era titular Mitchell.
– Investigar la existencia de algún beneficio que podrían haber obtenido descendientes del juez Riggi con relación a algún proyecto vinculado al rubro de la construcción en el que la UOCRA estuviera involucrada.
– Acceder a los legajos completos de todos los recursos presentados ante la Cámara Nacional de Casación Penal, durante la feria judicial de verano del año 2011, en la causa «Ferreyra«.
– Esclarecer la vinculación de la firma “PINTEC” con el pago efectuado a Riquelme.

Fuente: Fiscales.gob.ar