Los laboratorios más grandes del mundo disputan en estos momentos una carrera contra reloj: la línea de largada está en las grandes capitales y comenzó cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del coronavirus.
Cruzarán primero la meta quienes puedan anunciar al mundo que desarrollaron una vacuna eficaz contra el Covid-19. También serán los ganadores quienes consigan un tratamiento probado con resultados para los enfermos que contrajeron la enfermedad, antes de que la vacuna se encuentre disponible.
En cualquiera de los dos casos son negocios de miles de millones de dólares y ya están al día los cruces de intereses de los grandes monstruos de la industria farmaceútica. La pelea es feroz y también involucra en mayor o menor medida a los gobiernos, según la decisión política de cada Estado de intervenir en la contienda.
A esta altura, es el momento de preguntarse si la cura o la vacuna contra el coronavirus pueda quedar sólo en manos del sector privado, que obtendrá así gigantescas ganancias, mientras millones de personas en todo el mundo no pueden prevenir las enfermedades -ésta de moda y las más comunes- porque carecen de agua potable y cloacas en su viviendas.
Meses atrás la organización Soberanía Sanitaria, que promueve la formación y la investigación para tener un sistema de salud más justo e inclusivo, dio a conocer el documental “La insubordinación de los privilegiados”, que que se mete de lleno “en el conflicto entre el derecho a la salud y los intereses cada vez más deshumanos de la “industria de la enfermedad”.
Dramas personales
El filme aborda diversos casos de personas que padecen diversas enfermedades y las dificultades que padecen para acceder al sistema sanitario, las respuestas que muchas veces nos les brindan y el necesario respaldo del Estado para tener a tratamientos que en forma individual no podrían pagar y que las prepagas no quieren cubrir.
Uno de los casos más dramáticos es el de un motoquero enfermo de HIV y Hepatitis C, que perdió a su esposa y a su hija, que también tenían la última enfermedad. El pudo curarse luego que el Ministerio de Salud le brindó los medicamentos para realizar un tratamiento que lleva un par de meses.
Uno de los entrevistados, fue Daniel Gollán, el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Cuando habla de la hepatitis C explica que un laboratorio pequeño había descubierto el tratamiento y que la patente fue comprado por el laboratorio norteamericano Gilead por 11 mil millones de dólares.
Claro para recuperar la inversión en el laboratorio decidieron que cada comprimido costara mil dólares.Cuando salió al mercado se estimó que tratamiento de doce semanas tenía un costo de 84 mil dólares. En pocos años la empresa multiplicó su valor en la cotización bursátil.
El mismo laboratorio Gilead anunció esta semana que el antiviral experimental remdesivir era efectivo para el tratamiento del coronavirus, después de haber realizado 400 ensayos en pacientes internados en Estados Unidos, Italia, Corea y España, aunque los resultados no fueron revisados por expertos independientes ni publicados en ninguna revista científica de prestigio.
Que venga el Estado
Otro de los testimonios del documental es el de la psicóloga Alicia Stolkiner, titular de la cátedra Salud Pública en la Facultad de Psicología de la UBA, quien vaticina que en un sistema fragmentado como el de la Argentina, cuando se produce una pandemia es el Estado el que finalmente termina dando una respuesta. El dato que no se debe perder de vista es que el documental fue publicado varias semanas antes de que se informara el primer caso de coronavirus en China.
“En realidad no hay una respuesta unívoca a la pregunta sobre si la vacuna o el tratamiento contra el coronavirus puede convertirse en un nuevo negocio para los laboratorios”, dijo Leonel Tesler, el presidente de Soberanía Sanitaria.
“El desarrollo de las vacunas, lo mismo que de los tratamientos para este coronavirus va a quedar a cargo de los laboratorios privados y las multinacionales farmaceúticas, por lo que es obvio que van a querer hacer un negocio. Y sino pueden hacer el negocio probablemente tampoco se pongan a negociar. Y si la patente la tiene una multinacional farmaceútica va cobrar una barbaridad para venderla”, se explayó.
“Ahora, existe la posibilidad por un lado de que los Estados regulen la actividad de las farmaceúticas y eso puede hacer que no sea tan caro tal vez y restringir un poco el negocio, pero también puede hacer que pierdan interés las empresas privadas de hacer este tipo de cosas”, dijo Tesler.
También evaluó que “directamente el Estado puede financiar y hacerse cargo del desarrollo de este tipo de tecnología, tanto de de las vacunas como de los tratamientos. Es una decisión eminentemente política y que es perfectamente factible. De hecho nosotros estamos viendo a diario las cosas de la que es capaz es el Estado cuando se pone al hombro un problema”.
-¿Y en el caso argentino podría el Estado entonces hacerse cargo de la investigacion y producción?
-De la investigación y el desarrollo se podría hacer cargo ahora el Estado argentino de ese tipo de procesos. Ahora para la producción de vacunas habría que fortalecer muchísima la estructura del Malbrán, habría que revisar la capacidad de producción que puedan tener algunos de los laboratorios que integran la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de Medicamentos. Se tendría que hacer una inversión muy importante y una planificación estratégica. Obviamente que no en el corto plazo. Llevaría un tiempo largo, pero sabemos también que en este contexto tan particular los tiempos siempre se acortan. Pero el desarrollo de cualquier vacuna lleva un tiempo obligatoriamente largo.