Por Ignacio Ramírez.

El costo de defender los derechos humanos es la persecución. Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General Departamental, pregona desde hace años los derechos de los detenidos, su defensa y las garantías a la hora de impartir justicia. Hace tan bien su trabajo, que comenzó a ganarse enemigos. Policías, jueces, fiscales, directores de penales, incluso la procuradora general María del Carmen Falbo. Sin embargo, la corporación judicial decidió castigarlo y prescribirlo. El funcionario de la Defensoría General de San Martín es perseguido por la Procuración bonaerense, que lo sumarió por investigar sin ser fiscal y por «ser mal hablado».

–¿Cuando  empezó la persecución hacia usted?

Casolati responsabiliza a Falbo por su persecución.

-Desde el momento que empecé a denunciar el sistema de corrupción que impera en la fuerza penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, que financia la política en una suerte de matriz estructural de corrupción ascendente y descendente, me he convertido en enemigo del sistema y de la Procuración General.

He sido y actualmente hoy lo soy, hostigado y perseguido por la Procuración, a través del disciplinamiento que se ejerce de forma altanera y autoritaria, mediante la que se me impide de continuar con mi función de inspeccionar y controlar el estado de las mazmorras penitenciarias.

Estoy siendo sometido a una feroz persecución, por denunciar pública y judicialmente la inoperancia de los institutos de menores provinciales y la desidia y el descuido con el que se trató a un menor detenido. Lo fui hace poco, perseguido y sancionado por atreverme a pedir justicia por un detenido sordomudo enfermo de VIH que se encontraba encerrado en una celda acompañado de cucarachas muertas en las paredes e inmundicia total en estado paupérrimo de cuidados, fallecido a las pocas horas de mi denuncia.

Hace dos semanas la Procuración General me sancionó nuevamente, por el hecho de visibilizar como se trata a los menores detenidos en los institutos de menores; por dejar en evidencia el sistema y la mentira de los reformatorios, que son verdaderos desformatorios de los jóvenes que allí ingresan; la sanción es muy grave, pero aun más grave fue que la propia Procuradora solicito a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs As, mi exoneración del Poder Judicial y que la respuesta del máximo tribunal fue que ello no correspondía devolviendo la actuaciones.

En la resolución de la Suprema Corte Provincial, quedo claro el límite que le ponen a la Procuradora, al rechazar la mayoría de las pruebas ponderadas por ella, para pedir mi exoneración; y a pesar de la claridad del fallo de la corte, la Procuración insistió y en clara muestra de persecución y hostigamiento hacia mi, aplico la sanción de 30 días de suspensión sin goce de sueldo.

–¿Como ve la situación de la justicia?

-En la provincia de Buenos Aires, la Justicia no existe y el Poder Judicial en general es una escribanía de los poderes que se han corrompido. En particular ha sido el Ministerio Público Fiscal, con la Procuración General de la Corte de Justicia a la cabeza,  quien ha instrumentado desde hace más de una década, a través de diversas estrategias de aparente legalidad administrativa, un aceitado sistema de impunidad que por acción u omisión favorece a algunos, -siempre ligados al poder- en detrimento de la salud de la ciudadanía.

-¿A quiénes se protege?

-Los protegidos por este mecanismo institucional son básicamente el Servicio Penitenciario Bonaerense, la policía de la Provincia de Bs. As., y sus las bandas narcocriminales que azotan los barrios, y los intendentes del conurbano bonaerense;  método a través del cual, se ha gestado la matriz de corrupción e impunidad en el que algunos se enriquecen, -muchos por cierto- y otros logran cargos que les permite sostenerse dentro de la corporación judicial que a su vez como retribución a ese cargo, solventa con deficientes investigaciones o acciones directas, el encubrimiento de los delitos que deben investigar.

-¿Pero no existen controles, auditorias?

-Se protegen a delincuentes de cuello blanco,  para sostener un imbricado sistema de favores en el que el Ministerio Público, -los fiscales, fiscales generales y la propia Procuración General-, por acción u omisión prohíjan verdaderos descalabros en las investigaciones penales, que la mayoría de las veces finalizan en la impunidad de los hechos y en la protección de importantes personajes del quehacer político Bonaerense.

Alguien dijo, con mucha tino por cierto, que la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de La Plata (UFIC) no podría soportar siquiera el comienzo de una auditoria de gestión interna, por la cantidad de causas archivadas, nulificadas y finiquitadas por defectos en las investigaciones y que involucran a importantes funcionarios; Sobrado, ex Jefe de la Policía Bonaerense y los ex Jefes del SPB entre otros, salieron ilesos de las investigaciones que desde allí se efectuaron. La causa siempre la misma; “defectos y nulidades de la instrucción”, eufemismo que esconde la complicidad lisa y llana.

Invito a que se haga desde la Suprema Corte de Justicia Provincial una auditoria de gestión de la UFIC de La Plata ; me animo a decir que la mayoría de las denuncias formuladas que involucran a importantes funcionarios, intendentes y miembros jerárquicos de la Bonaerense y SPB están paralizadas y muchas de ellas archivadas; otras prescriptas por el transcurso del tiempo y muchas otras nulificadas por errores o defectos; esta circunstancia es gravísima y se asemeja a lo que pasa en mayor o menor medida con otras fiscalía temáticas que investigan corrupción y delitos económicos de otros departamentos judiciales.

-¿Cómo funciona la maquinaria de apriete judicial?

-Esta matriz de impunidad garantizada por el Ministerio Público Fiscal en general, acciona por sobre los funcionarios judiciales de dos maneras y con un mismo fin; por un lado logra la cooptación de algunos, -muchos por cierto-, que por el miedo o la ambición terminan nadando en sus aguas,  y por otro lado con la represión que se traduce en la instrumentación de sumarios que se elaboran, ejecutan y definen desde la Procuración General en contra de funcionarios que osan alzarse contra este estado de cosas y solo intentan cumplir con su deber.

Los fiscales timoratos, -muchos también-, conviven con los miserables que accionan a favor de este sistema pergeñando esa matriz de inmunda impunidad que salva a los corruptos y denigra a quienes se animan a enfrentarlo.