La fiscal Gabriela Boquin, que desbarató el curro del Correo durante el gobierno de Cambiemos, declaró que una empleada judicial le pasaba información a diputados de Juntos por el Cambio.
Boquin dijo además que fue víctima de una persecución motorizada por el Procurador General Interino, Eduardo Casal, al hablar ante una comisión Bicameral del Congreso.
La fiscal general del fuero comercial dijo que esa empleada filtraba información sobre la causa del concurso del Correo Argentino que involucraba a la familia del ex presidente Mauricio Macri.
La fiscal respondió acusaciones de maltrato laboral de personal a su cargo y puso como ejemplo el caso de una ex empleada, cuyo traslado solicitó «por falta de confianza» cuando descubrió que «le entregaba documentación al doctor Tonelli -en alusión al diputado de PRO Pablo Tonelli- en pleno trámite de la investigación de la causa Correo».
Boquin aseguró ante los legisladores que una de las empleadas que la denunció por maltrato laboral «le iba comunicando los pasos que estaban relacionados con la propia vinculación de Tonelli en la causa» y que le «ocultaba» información sobre el diputado.
Vaciamiento del Correo
«Cuando denuncié el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino y cuando descubrí esto le comuniqué al Procurador General personalmente», aseguró la fiscal, y añadió que Casal demoró nueve meses en concretar el traslado de la empleada en cuestión.
Ante preguntas de los diputados de PRO, Cristian Ritondo y Graciela Ocaña, sobre si la actitud de la empleada constituía un delito y si en ese caso lo había denunciado penalmente, Boquin reconoció que no pudo «corroborar» el pase de información personalmente sino que se lo «contaron» y declaró que el accionar de la mujer «no constituye delito» pero sí «una falta de confianza».
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En el concurso de acreedores del Correo Boquin denunció maniobras de vaciamiento y aseguró que el estudio jurídico del diputado Tonelli cobró honorarios por varios millones de pesos pese a que la empresa no tenía actividad.
La fiscal ofreció un informe con argumentos sobre la existencia de una persecución en su contra de parte de Casal y refutó dichos de hostigamiento y maltrato laboral que le endilgó personal a su cargo.
Persecución de Casal
«Considero que el procurador me está persiguiendo a mí. Se lo dije a él», expresó la fiscal que mantuvo un tenso intercambio con Ritondo cuando éste la acusó de ser «una persecutora de la familia Macri» más que «una víctima de persecución».
La funcionaria replicó los dichos del legislador del PRO al sostener que no persigue a nadie y que «sus acusaciones están respaldadas por pruebas» que fundamenta en sus causas y señaló que hay dictámenes en la misma orientación del de ella, como el del fuero federal Gerardo Pollicita.
Boquin se refirió a las presiones que recibió desde que se opuso, en el marco del concurso del Correo, a la suscripción de un acuerdo entre la firma y el gobierno de Macri, tras denunciar que se trataba de un intento de beneficiar a la empresa vinculada a la familia del expresidente en detrimento de los intereses del Estado.
Uno de los senadores del Frente de Todos, Carlos Caserio, expresó su apoyo a la fiscal y sostuvo que «el problema fue por hacer algo que era justo» para impedir «que se beneficie a la familia del expresidente».
Caserio consideró que la oposición buscó «enredar» a la fiscal con sus preguntas en su exposición y acusó a los legisladores de tener «un pensamiento corto y poco serio».
Denuncias guionadas
En el inicio de la audiencia, Boquin negó que hayan sido «innumerables» los empleados que pidieron traslados luego de acusarla de violencia laboral y precisó que se trata de solo cuatro agentes que alegan malos tratos de su parte.
La funcionaria atribuyó a su condición de mujer algunas de las imputaciones en su contra y aseguró que hay declaraciones de sus denunciantes que «fueron guionadas y coaccionadas».
La Comisión Bicameral que preside el senador Martín Doñate continuará con testimonios de organizaciones que respaldan los pedidos de juicio político a Casal por considerar que incurrió en mal desempeño en situaciones que favorecieron al macrismo durante su gestión.
Casal quedó a cargo en forma interina de la Procuración luego de que el gobierno anterior hostigó a Alejandra Gils Carbó hasta que renunció a su cargo perseguida con falsas denuncias que llegaron hasta su familia.
Desde que se hizo cargo de la Procuración, Casal operó para favorecer los intereses del macrismo.
Por ejemplo, protegió al fiscal federal Carlos Stornelli, procesado en la causa que llevada adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por extorsión y aprietes con el falso abogado Marcelo D´Alessio.