«Los saqueos podrían proyectarse al ámbito de esta provincia», afirmó en su resolución la procuradora María del Carmen Falbo.

Al que madruga, Dios lo ayuda: la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, parece haber recordado el refrán de sabiduría popular cuando, en el día de ayer, le puso la firma a una resolución en la que ordena a los 720 fiscales y defensores generales de los 18 departamentos judiciales de la provincia que conformen comités de crisis ante la posibilidad de nuevos saqueos.

«Resulta probable un incremento repentino y abrupto de la actividad en ambas ramas [fiscalías y defensorías], donde la respuesta, en función de la conmoción social y la época del año, no puede dilatarse, para lo cual se deberá disponer desde cada Fiscalía y Defensoría General, un Comité de Crisis, encabezado en cada caso por los respectivos titulares y los Magistrados y Funcionarios que estos designen, que estarán a disposición hasta ver superada la situación de riesgo que motiva la presente»,  anotó Falbo en sus considerandos.

Además, la jefa de los fiscales y defensores oficiales consideró que «los hechos de público conocimiento acaecidos en ciudades de las provincias que han derivado en saqueos a diferentes comercios y supermercados, con afectación de bienes a particulares y la integridad física de las personas de una u otra manera involucradas, podrían proyectarse al ámbito de esta provincia».

Por eso, señaló que «es necesario tomar las medidas pertinentes para que en cada departamento judicial el Ministerio Público, tanto en su rama fiscal como de la defensa, esté preparado para brindar una respuesta eficaz para el supuesto de réplica de hechos como los referidos».

A su vez, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso también la creación de una comisión de fiscales (que funcionará por sesenta días y que está integrada por los fiscales generales Federico Martín Carniel -de Resistencia-, José Ignacio Candioti Puyol -de Paraná- y Adolfo Raúl Villate -de Rosario-, con la coordinación del titular de la Fiscalía Federal Número 2 de San Isidro, Rodolfo Fernando Domínguez) para investigar si existe relación entre los saqueos y los reclamos salariales de distintas fuerzas policiales. Su resolución llega en respuesta «a los atentados colectivos contra la propiedad que se produjeron en diversas jurisdicciones del país, en simultáneo con reclamos de integrantes de fuerzas de seguridad provinciales», según se lee en en el texto firmado. «De manera concomitante con esas manifestaciones, se produjeron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), que generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población nacional», agrega.