La Justicia porteña logró identificar a 120 personas a las que acusa de actuar como presuntas organizadoras, partícipes primarias y secundarias de la venta ilegal en las calles de la zona de Once. Veinticuatro de los identificados ya fueron condenados a pagar multas de 390 mil pesos.

La mayoría de los integrantes de la organización son extranjeros y operan desde 34 locales e inmuebles utilizados como depósito o como punto de venta de mercadería de dudosa procedencia. Incluso, un empleado de la Ciudad y dos ex policías federales serían integrantes de estas organizaciones, informa el diario La Nación.

En la causa que instruye la fiscal de cámara Verónica Guagnino se precisa que en 11 de aquellos 34 locales identificados ya hubo allanamientos y se decomisaron más de 60 camiones con mercadería para la venta callejera.

Entre los condenados hay miembros de sociedades anónimas y de sociedades de responsabilidad limitada utilizadas como pantallas legales. Por ejemplo, se identificó a un vendedor ambulante de helados que preside tres sociedades y que en los últimos años consiguió créditos bancarios en entidades de primera línea por dos millones de pesos.

Otro de los investigados es un ciudadano peruano -cuyas iniciales son RGF- que vende garrapiñada en la calle, aunque en su perfil financiero figura como propietario de dos sociedades anónimas, una de ellas, una constructora de edificios. Además, tiene su domicilio fiscal en Ushuaia, ya que fue inscripto para realizar actividades petroleras. Es decir, son testaferros.

La Justicia también ha identificado a más de 500 personas que participan como vendedores ambulantes. A la mayoría se le exigen «pagos» en concepto de «afiliados de agrupaciones y sindicatos», un dinero que, en cambio, se utiliza para cubrir gastos de abogados ante posibles requerimientos judiciales.

Según figura en la causa judicial, se advirtió que quienes explotan la actividad ilegal en el espacio público cuentan con la concesión a su favor de amparos de un mismo juez porteño. De hecho, la fiscalía le remitió a dicho magistrado un oficio haciéndole saber que «debía revocar y controlar los amparos que emitía porque algunos de los amparados violaban los límites de la ley».

En un allanamiento en la cochera de Perón 2870, por ejemplo, se encontraron un depósito de alimentos congelados y enlatados y, también, cocinas clandestinas. El garaje se encuentra bajo la concesión otorgada por la Administración de Bienes Ferroviarios -depende de la Nación- al concesionario Nueva Estación Once SA, de Néstor Emilio Otero, que también está imputado por venta ilegal en Retiro. Ni el garaje, ni los depósitos, ni las cocinas detectadas tienen habilitación para funcionar. Tampoco cuentan con planos aprobados ni con seguros de incendio.

«Se comprobó que dos ex policías federales, uno de ellos, un subcomisario, son parte de la organización de los manteros. Explotaban una galería comercial desde la cual se articulaba la venta ambulante», dijo la fiscal Guagnino.