Por Irene Konterllnik*

Las muertes recientes de niñas, acontecidas casi en simultáneo en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza, nos han conmovido profundamente y han sido objeto de una gran difusión en los medios, en los cuales se ensayaron distintas hipótesis y respuestas que han ido desde la penalización a los progenitores hasta apelaciones a la necesidad de una mayor prevención. Hay muchas entradas posibles y simultáneas al tema, pero los intentos por comprender el fenómeno a la distancia y con tantas mediaciones a veces agrega más confusión. Incluso, el desconocimiento de la sucesión de hechos familiares y de intervenciones estatales que, por acción u omisión, llevaron a tan trágicos finales puede ser una fuente de pánico que lleve a presionar por medidas o normativas apresuradas, tal como se ha dado en otras oportunidades.

En este contexto, no es mi intención opinar y enfocarme particularmente en esos casos, sino compartir reflexiones que me provocaron estos hechos. ¿Quién, cómo y cuándo se escuchó a esas niñas, aun a la más pequeña de ellas? Y si se las escuchó, como parecería ser el caso de los vecinos de Luciana, ¿qué posibilidades y conocimientos tenían éstos de ayudar a la niña más allá de hacer, eventualmente, una denuncia policial?

Desde la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha ido tomando mayor conciencia respecto de la centralidad del derecho de niñas y niños a ser escuchados, pero ello no ha sido necesariamente acompañado de estrategias conscientes, sistemáticas y de amplia cobertura de manera tal que los niños accedan a adultos y espacios confiables cuando lo necesitan. Debemos reconocer que en el país se ha avanzado significativamente en la creación de servicios de atención a niñas y niños que han sido objeto de violencia o abuso y que existe un campo de conocimiento significativo en el cual se han ido elaborando estándares y pautas para permitir a los niños narrar sus experiencias en un contexto de cuidado y respeto.

Sin embargo, esto no es suficiente ya; tanto las denuncias como estas iniciativas se ponen en funcionamiento cuando el daño ya se ya producido. De lo que se trata es de promover la existencia de espacios y/o personas cercanas, accesibles y capacitadas a las que pueden llegar niñas y niños, por sus propios medios para recibir asesoramiento, apoyo o ayuda en momentos en los que atraviesan circunstancias complejas en la vida familiar y, por su edad, encuentran dificultades para poder manejarlas solos. Esto supone una intervención temprana que puede despejar a tiempo situaciones que, de otra manera, pueden resultar en huidas del niño del hogar o bien en el padecimiento de una violencia sistemática.

La escuela y el centro de salud pueden desarrollar estas capacidades –y de hecho generalmente lo hacen–, pero lo cierto es que los horarios y el calendario escolar implican ciertas restricciones. También los Servicios de Protección de Derechos de la Infancia creados por la mayoría de leyes provinciales de protección de los derechos de la infancia son referentes importantes para este cometido pero, en general, no se encuentran descentralizados en los barrios, cercanos adonde acontece la vida cotidiana de niñas y niños.

La relevancia del establecimiento de agencias en las comunidades locales con el objeto de proteger a los niños contra la violencia y que las mismas desarrollen capacidades para el asesoramiento, recepción de denuncias y asistencia, accesibles para los niños y con una amplia difusión ha sido señalada por diferentes documentos internacionales y, específicamente, por la Representante Secretaria General para temas de violencia en contra de los niños y del Relator Especial en temas de venta de niños y prostitución y pornografía infantil (Naciones Unidas, 2012).

La cercanía y accesibilidad debería pensarse con un sentido amplio e incluir una variedad de personas en los barrios, amigables y confiables que, con suficiente entrenamiento y empatía, desempeñen el papel de referentes para niñas y niños. Esto también forma parte de recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en relación con la prevención sobre la violencia cuando sugiere “poner en marcha programas de tutoría” que prevean la intervención de adultos responsables y de confianza en la vida de niños que necesiten un apoyo complementario al prestado por sus cuidadores.

En síntesis, la prevención de la violación de los derechos de la infancia es un compromiso de toda la sociedad pero esta responsabilidad no puede quedar diluida sólo en un “todos” imaginario, sino en instituciones y personas concretas, conocidas, accesibles, entrenadas y confiables para cada niño. Ello implica tiempo, recursos y capacidades.

* Socióloga.

Fuente: Página 12.