Alsogaray podría recibir su tercera condena.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, compuesto por los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martinez Sobrino, dispuso en la audiencia de ayer la fecha de los alegatos de la fiscalía y la defensa en la causa donde se juzga a María Julia Alsogaray. La ex polifuncionaria está acusada del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora». La fiscal Sabrina Namer alegará el martes 25 de marzo próximo desde las 12, mientras que las defensas lo harán el lunes 31.

En el juicio se ventila un contrato, supuestamente fraudulento, que realizó en 1994 la ex ENTel con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.”, y por el estudio Fernández Madero. La contratación se realizó mediante un concurso privado de precios y preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

Según se pudo establecer, las autoridades de ENTel ampliaron los plazos de ejecución sin justificación aparente. Debido a las ineficiencias e irregularidades de los informes producidos por la firma KPMG y el estudio jurídico involucrado, la empresa estatal inició una gran cantidad de juicios que nunca se cobraron y que generaron al Estado un perjuicio de al menos un millón y medio de dólares.

Durante la jornada de ayer, ampliaron su declaración Alsogaray; Hernán Pflaum, de la empresa KPMG, y Gustavo Daneri, ex coordinador general de Entel. Además dieron su testimonio dos testigos: María Eugenia García, quien revisaba los contratos de la empresa KPMG, y el contador Carlos Piazza, quién fue asesor contable de la ex ENTel desde 1995.

Luego de escuchar a los testigos, los jueces interrogaron al representante de KPMG, quién explicó el proceso por el cual se incorporó la compañía a la liquidación de la ex ENTEL. Además recordó que el informe (del donde nació la denuncia por contrato fraudulento) apareció mucho tiempo después. «La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) jamás había informado sobre irregularidades» sostuvo.

Por su parte, Daneri detalló como fue el ingreso a ENTel: «Cuando entro a la empresa me encuentro con un panorama bastante desagradable en cuanto a organización, hacía años que los balances no se aprobaban». Hizo una comparación con el proceso de privatización que se encaró en Obras Sanitarias de la Nación y expresó que se reunía con Alsogaray cada «20 o 25 días», y que ella estaba al tanto de todo lo que ocurría en la empresa.

La ex polifuncionaria menemista fue la última de la lista de imputados en ampliar su declaración, que se extendió por más de tres horas. Explicó cual fue son rol en el proceso de privatización y liquidación de la empresa pública. «Era muy dificil tasar ENTel y había muy poco tiempo para hacerlo», se excusó.

Alsogaray sostuvo que la empresa era «un desastre», y tal como dijo Daneri, que hacía tiempo no presentaba los balances correspondientes y defendió la contratación de consultoras: «la costumbre era contratar empleados, que sólo lograban endeudar aún más al Estado».

Además, dijo que ella se encargaba de tomar «decisiones estratégicas», y que cuando las resoluciones eran muy técnicas y versaban sobre cuestiones de derecho administrativo «sólo las firmaba». Expresó también que confiaba en los órganos que debían controlarla, como la SIGEN, la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Ministerio de Economía: «no tuve ninguna observación sobre las acciones judiciales».

Luego, la fiscal le preguntó si recordaba una nota que consta en la causa sobre los informes de AGN que contenían algunas observaciones, pero Alsogaray expresó que no recuerda el escrito ya que era «muy técnico», aunque admitió que la firma era la suya.

Alsogaray ya acumula dos condenas por sus funciones durante el gobierno de Carlos Menem, una a cuatro años de prisión por defraudación a la administración pública y otra de tres años por enriquecimiento ilícito, que no cumple porque a la fecha, aún no están firmes.