Por Javier Sinay.

El contador Walter Alberto Brawton, de 42 años, logró dormir a su guardiacárcel el 17 de agosto pasado, con un sedante en una empanada que resultó para él como una poción mágica. Preso en el penal de Ituzaingó, Brawton había sido conducido hacia afuera para visitar a su madre, enferma, en la localidad de Mariano Acosta. Y entonces aprovechó. Y simplemente se esfumó. El contador –que en 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por nueve violaciones y nueve “raptos” en su Honda Civic- se encuentra ahora escondido en algún lugar, presumiblemente en la provincia de Buenos Aires, y el Ministerio de Justicia y Seguridad ofrece 300 mil pesos de recompensa a quien pueda aportar algún dato para capturarlo.

Algunos días antes, el 25 de julio, fue el turno de los ex militares Gustavo de Marchi y Jorge Olivera, que se fugaron del Hospital Militar de Buenos Aires. Algunos días después, trece presos peligrosos cavaron un túnel en el penal de Ezeiza y al otro lado de su camino lograron ver el cielo sin barrotes.

Brawton fue condenado a 40 años de prisión.

Como el contador Brawton, como los represores De Marchi y Olivera, como los ocho de los presos de Ezeiza que todavía no han sido encontrados, hay en total 105.249 personas con pedido de captura vigente en la Argentina; es decir, prófugas. El dato surge del cruzamiento del Registro Nacional de Reincidencia y Estadìstica Criminal y Carcelaria –que se alimenta de estadísticas de Justicia y autoridades policiales-, de la Dirección Nacional de Migraciones y del SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad).

Aunque los delitos casi se duplicaron en diez años, el número de los prófugos se mantuvo estable: en 2001 había 101.171 –según el sistema informático INGE, de la División Índice General de la Policía Federal-; en 2004, luego de la creación de la Unidad Operativa de Ejecución de Capturas, la policía bonaerense contaba alrededor de 52 mil.

Actualmente, el Gobierno reconoció que hay 62 represores escapados. “Hay prófugos que hace mucho tiempo están en esa situación y acusados de delitos de violaciones a los derechos humanos”, dijo días atrás el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak. Para recompensar el aporte de datos sobre De Marchi y Olivera, los dos fugados del Hospital Militar, existe una bolsa de 4 millones de pesos. Por ahora, pozo vacante.

Alrededor de la mitad de los 105 mil prófugos son buscados por delitos económicos. La otra mitad debe dar explicaciones en asuntos contra las personas y contra la propiedad. Por otro lado, algo más de cuatro de cada diez en el total son mujeres.

“La mitad son prófugos que tienen asuntos relacionados a delitos económicos, pero las cárceles argentinas están pobladas de pobres: alrededor del 75 por ciento de los presos está ahí por delitos de drogas o delitos contra la propiedad de baja monta. Por lo tanto, lo que queda en claro son las deficiencias de un sistema que no está muy preocupado por resolver los conflictos sociales, si consideramos que cada uno de estos 105 mil prófugos representa un supuesto conflicto social”, opina el abogado Maximiliano Postay, especialista en criminología y sociología jurídico penal, compilador del libro “El abolicionismo penal en América Latina: imaginación no punitiva y militancia” y coproductor del documental –de postura penal abolicionista- “Rejas, suspiros y llaves”.

Postay explica que en la Argentina hay hoy alrededor de 1.500 conductas tipificadas como delito, sumando todos los códigos. “Si hubiera una predisposición por resolver estas cuestiones, todos seríamos delincuentes, porque todos realizamos alguna de esas conductas. Pero los recursos son escasos y las cárceles no pueden representar en forma fehaciente esta proporción porque si así fuera, habría más cárceles que escuelas, entonces el sistema recurre a la selectividad: se castiga la pobreza, se refuerza la exclusión y se sigue un compromiso con el statu quo. El sistema penal funciona seleccionado chivos expiatorios. Si hay 105 mil prófugos, al sistema penal no le importa”.