El Tribunal Oral Federal N° 1 sobreseyó hoy por inexistencia de delito a todos los procesados en la causa por el «Plan Qunita» que investigó supuestas irregularidades en la provisión de kits para recién nacidos.

La decisión se tomó en línea con el planteo de la fiscalía, que sostuvo que no habían existido sobreprecios ni perjuicios de ningún tipo para el Estado en la contratación del programa que buscaba evitar la muerte de recién nacidos a causa del colecho.

El plan consistía en entregar a las familias de bajos recursos cunas que se podían armar fácilmente, además de una serie de elementos, para que los niños no durmieran en la misma cama que se padres.

“La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito”, sostuvo la fiscal de juicio Gabriela Baigún en el dictamen que presentó ante el Tribunal.

No hubo sobreprecios

“Las empresas Dromotech SA, Delta Obras y Proyectos SA, Cia. Comercial Narciso SRL y Grupo Diela SRL obtuvieron una utilidad neta final que va del 13,78% al 18,30%. Es evidente que tampoco a partir de estos extremos se puede concluir existencia de sobreprecios, tal como planteara la hipótesis acusatoria de Taiano”, dijo Baigún sobre su colega de instrucción, el fiscal Eduardo Taiano, que intervino en la causa con el juez Claudio Bonadio.

A partir de este dictamen, los jueces del tribunal oral José Antonio Michelini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico resolvieron dictar el sobreseimiento de todos los procesados y el cierre de la causa sin realizar el juicio oral.

Graciela Ocaña denunció, entre otros, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Daniel Gollán y al actual viceministro Nicolás Kreplak, también en la provincia.

Esta decisión se tomó a raíz de una pericia ordenada en la llamada «instrucción suplementaria» preparatoria del juicio oral que dio como resultado que no hubo perjuicio para el Estado Nacional.

Nada se probó

Durante la instrucción suplementaria del caso Qunita, en el que se investigó si hubo irregularidades en la licitación para la entrega de kits –de cunas, chupete, moisés, entre otros-, se llevó a cabo la pericia que determinó que no hubo perjuicio a la administración pública ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación.

La causa se abrió a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña y que tuvo el impulso en la instrucción del fiscal federal Eduardo Taiano.

Todos los funcionarios que Ocaña denunció recibieron un procesamiento que dictó Bonadio en base a precios que informó la denunciante, luego de comprar por separado los elementos del kit.

«Sin embargo, tanto el peritaje contable como el técnico resultan contestes en que el conjunto de elementos adquirido por la denunciante no es comparable con el kit Qunita», sostuvo la fiscal al pedir los sobreseimientos y la no realización del juicio.

Baigún concluyó que los valores obtenidos no reflejaron la existencia de sobreprecios en el marco de la licitación.