Viale con su esposa.

La causa por la que se investiga el homicidio del agente de inteligencia Pedro “El Lauchón” Viale es una caja de sorpresas. Por el crimen del espía de la Secretaría de Inteligencia hay una decena de efectivos de la Bonaerense detenidos y procesados por el juez federal de Morón Juan Pablo Salas, quien tomó esas medidas al cumplirse el primer año de la muerte de Viale.

La mayoría de los detenidos pertenece al Grupo Halcón, que realizó el procedimiento en la casa de Viale, en La Reja, partido de Moreno, cuando lo fueron a arrestar en un procedimiento en una causa por narcotráfico que estaba a cargo de otro juez. Los compañeros de El Lauchón creen que fue asesinado sin más trámite, como parte de una pelea por el poder, en la que los contendientes son la Bonaerense, la SI y los efectivos de inteligencia del Ejército que responden al general César Milani.

Lo más llamativo de esta historia es que cuando declaró como testigo uno de los oficiales de la Bonaerense que había investigado el caso de drogas, dejó en claro que Viale no estaba involucrado en esas maniobras y que además sabía que era agente de inteligencia.

El dato no es menor: en los casos en los que aparecen agentes de seguridad investigados por otras fuerzas, como regla de “cortesía” profesional se avisa a sus superiores. Salvo que las sospechas sean tan extendidas que sea necesario dejar la cortesía a un lado.

La declaración del oficial principal Damián Parola es importante para echar un poco de luz en una trama compleja. Parola dijo que trabaja en la Subdelegación San Miguel de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y así formó parte de una pesquisa en la causa seguida contra Rodolfo Carricaburo, en la que se encargó de hacer tareas de campo, escuchas telefónicas y allanamientos, según consta en su declaración.

Parola dijo que los investigados eran Carricaburo y otro hombre de apellido Lang y que Viale era investigado por unas supuestas estafas con terrenos, pero que no le constaba que estuviera involucrado en tráfico de drogas. Explicó que tuvo que “constatar” la casa donde vivía Viale, antes que se realizara el procedimiento. “No había elementos para pensar que se trataba de un lugar hostil. Lo que sí tenía conocimiento que en el lugar podría haber armamento y que el investigado era una persona habida en el empleo de armas, por su actual o anterior empleo en la SIDE”, dice la declaración de Parola.

De este modo, se demuestra que el operativo en el domicilio de Viale se podría haber realizado de otra manera y que no terminara con su muerte. El agente estaba en la casa con su esposa cuando entraron los halcones y pese que se identificó como agente terminó cosido a tiros. Parola dice que se incluyó el domicilio de Viale en los allanamientos con la idea de “incautar documentación” y que presumía que allí no se encontrarían estupefacientes. Dijo que su función en el procedimiento fue la de “marcador”, esto es señalar la casa. El 9 de julio de 2013 se realizaron 18 procedimientos en forma simultánea, el único donde hubo un muerto fue en la casa de Viale. Por eso, quienes conocen la trama no tienen dudas: “lo fueron a matar”.

En la resolución de los procesamientos, el juez Salas fue contundente: “Sin que mediaran los motivos de orden público ni urgencia por los que el magistrado autorizara el uso de la fuerza pública o los servicios de un cerrajero, ingresaron violentamente mediando la efracción de la puerta, no identificándose como policías, provocando la reacción del imputado y a pesar de que este solicitara que se identificaran como policías, y abusando de su función, dieron muerte a Pedro Tomás Viale”.