Servini de Cubría y Lijo dos jueces federales con peso.

La sorpresiva detención en la mañana del viernes del ex vicepresidente Amado Bodou fue consecuencia de una decisión llamativa del juez Ariel Lijo, quien decidió acusar al ex funcionario de jefe de una asociación ilícita, dedicada a cometer delitos mientras estuvo en el poder, en una causa donde lo investigaba por enriquecimiento ilícito.

El giro del magistrado para ordenar el arresto del ex ministro sin haberlo indagado y menos procesado es lo que llamó la atención a varios abogados, sobretodo después de haber sido denunciado en la misma semana por dos ONgs vinculadas con Cambiemos.

Días atrás, el fiscal Jorge Di Lello le había pedido al juez que intimara a Boudou para que justificara la procedencia de sus bienes. En los casos de enriquecimiento ilícito son los imputados quienes deben justificar la procedencia de su bienes, ya que se invierte la carga de la prueba. Es el ex funcionario el debe probar su inocencia.

El pedido del fiscal surgió luego de que finalizara una pericia realizada por expertos de la Corte, que se tomaron más de un año en realizar el trabajo, en el cual encontraron algunas inconsistencias. Por eso Di Lello sostuvo que de la primera lectura del peritaje se advierten “registraciones globales, discrepancias en las declaraciones patrimoniales, obligaciones tributarias presentadas fuera de término como acciones tendientes a desorientar la visualización de la situación patrimonial de personas físicas como jurídicas”.

El fiscal nunca pidió el arresto del ex vicepresidente, sino que le pidió a Lijo que pidiera al ex vicepresidente que justificara sus bienes. Sin embargo, el juez tomó otra medida, ya que se apartó del delito de enriquecimiento ilícito por la que venía siendo investigado y lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita para lavar dinero y cometer diversos delitos.

En el escrito en el que ordenó su arresto, el juez sostuvo que “se les atribuirá a Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López, haber formado parte en una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, con miras a la obtención de beneficios económicos derivados de su actuación al margen de la ley, con un reparto de tareas de sus integrantes claramente establecido”.

Para el juez, “la asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como Ministro de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como Vicepresidente de la Nación”.

Según Lijo la estructura de la asociación estaba conformada, al menos, por Boudou, Núñez Carmona, López y Vandenbroele “quienes desplegaban distintos roles, con pleno conocimiento y coordinación de su accionar para cometer, entre otros,delitos graves de corrupción, valiéndose del alto cargo público que ocupaba el primero de los nombrados”.

“Puntualmente, para el funcionamiento de la asociación se distribuían los roles de actuación en razón de la calidad y posición que cada uno de ellosostentaba.La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-, toda vez que su aporte primordial, en su condición de funcionario público, surgía a partir de las atribuciones que tales cargos le posibilitaban. Paralelamente, la actuación de José María Núñez Carmona se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou, justamente en razón de sus cargos públicos, no podía llevar a cabo”, escribió el juez.

Lijo enumera una serie de hechos que a su juicio explican cómo esta supuesta asociación ilícita funcionó mientras Boudou ocupó cargos públicos. Así se refiere a la compra de una flota de autos de alta gama para el Ministerio de Economía, la venta irregular de la imprenta Ciccone -por la cual está siendo juzgado- y el refinanciamiento de la deuda de la provincia de La Rioja. Y con esa relación considera fundada la figura de asociación ilícita.

Un antecedente que no se debe pasar por algo. En la misma semana, Lijo había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber cajoneado causas en delitos de corrupción contra ex funcionarios. La denuncia fue realizada por dos ONGs integradas por abogados de Cambiemos y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, integrado por los estudios más tradicionales que asesoran a las grandes empresas.

«Consideramos indispensable que el Consejo de la Magistratura confirme si las causas enunciadas se encuentran en la situación de demora descripta, y en su caso adopte los recaudos para que brinde la información complementaria. De no obtener respuesta, deberían aplicarse las medidas disciplinarias que correspondieren», decía el texto de la denuncia presentada el martes. El viernes ordenó el arresto de Boudou.

Una fuga hacia adelante, ¿quién podrá dudar ahora de la dedicación de Lijo de perseguir a los corruptos del gobierno anterior, después de haber detenido al ex vicepresidente? Claro que hasta Lilita Carrió se dio cuenta la semana pasada de los burdo de la maniobra y advirtió sobre la oportunidad de la medida.