Garavano con los jueces federales.

El proyecto fue bautizado Justicia 2020 y el objetivo es modernizar y hacer más eficiente el servicio que presta el Poder Judicial, sobretodo en el fuero penal, el más visible para los medios, en especial por las causas contra funcionarios (actuales y pasados) que se tramitan en los juzgados federales.

Quien se encarga de llevar adelante la iniciativa y presentarla en sociedad es el ministro de Justicia, Germán Garavano, a cargo de la redacción de los proyectos de ley, que pasan luego por la lupa de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Al menos, tres de los proyectos de ley se encuentran ahora en la Casa Rosada, antes de decidir su envío al Congreso para su discusión.

Uno de los proyectos en estudio les provoca urticaria a los jueces federales, porque entienden que la iniciativa busca limitar el poder del fuero estrella, ya que quitara de sus despachos buena parte de las causas que allí se tramitan actualmente.

Un borrador de la iniciativa al que tuvo acceso CyR dice que “se conforma un equipo de jueces federales del crimen organizado que tendrá jurisdicción y competencia en toda la República, considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial. El mismo está destinado a investigar y desarticular esta modalidad delictiva a partir de estructuras de organización colegiada, moderna, dinámica y flexible”.

Como se ve se trata de un grupo de jueces tendrán amplios poderes ya que podrán actuar en todo el país. En la actualidad, cuando un juez porteño, por ejemplo, quiere realizar un allanamiento en Santa Cruz, tiene que pedir por exhorto al juez federal de esa provincia que lleve adelante el procedimiento.

Los delitos que serán investigados por estos jueces del crimen organizado son los siguientes:

• Organizaciones delictivas dedicadas a la producción, venta y contrabando de estupefacientes.
• El contrabando de “de elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común”.
• Los delitos previstos y reprimidos en la ley que castiga la trata de personas.
• Los delitos contra “el orden económico y financiero”, esto es el lavado de dinero proveniente de actividades ilegales.

En todos los casos, el supuesto para que actúen los nuevos jueces es que se trata de grandes organizaciones, integradas al menos por más de tres personas. El proyecto prevé que la mayor parte de las causas por drogas, seguirán en la justicia federal porque son de menor cuantía. Los delitos contra la administración pública, los casos de corrupción, seguirán en el mismo fuero.

¿Quiénes serán estos superjueces? ¿Cómo serán elegidos? Una de las posibilidades es que se elijan a una decena de jueces de fuero de instrucción ordinario, con asiento en ciudad de Buenos Aires, que ya tienen el correspondiente acuerdo del Senado y que mediante una simple ley pasarán a ocupar los nuevos juzgados por crearse, dijeron fuentes que conocen cómo se llevan adelante las discusiones.

Garavano ya mantuvo varias reuniones con los miembros de la Corte Suprema, de la justicia federal y de tribunales orales federales para explicarles cara a cara en qué consisten los proyectos en danza. Pese a que el ministro fue a los encuentros con un ánimo contemporizador, los jueces federales están en llamas con el proyecto, porque no quieren perder poder.